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«Ganaderos e industrias estamos en un terreno de juego donde el árbitro se dedica a mirar para otro lado en lugar de arbitrar». Así resume el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, el escenario que se vive en las últimas semanas en el campo con las ofertas de renovación de contratos que le están presentando las principales empresas lácteas a los ganaderos.
La organización agraria advierte de que hay un «pacto» para fijar un precio base común en 28 céntimos. La primera industria en mover ficha fue Lactalis, que subió de 27 a 28 céntimos. Celta siguió ese movimiento y también pasó a 28 céntimos de precio base, si bien en el caso de la láctea portuguesa sus primas por volumen son más elevadas.
Capsa (Larsa), por su parte, mantiene también su precio base en 28 céntimos, válido para el 70% de las entregas, en tanto el precio B, que corresponde al 30% de las entregas, continúa referenciado a los productos lácteos industriales.
La recuperación de mercado en los últimos meses había generado expectativas de mayores aumentos en los precios de la leche en el campo. Unións incluso asegura tener constancia de que alguna industria tenía planes para subir un mínimo de 2 céntimos, aunque al final todas optaron por la contención y por un movimiento común de dejar el precio base en 28 céntimos.
Indexación de los contratos
Con todo, lo que más molesta a la organización agraria son los sistemas de indexación de precios que está usando Lactalis en sus contratos, pues entiende que emplea índices de referencia que trampean la situación real del mercado.
También señala la organización agraria que hay industrias que están comenzando a elaborar contratos referenciados a los índices del Observatorio Galego de Precios, que ofrece unos datos a los que Unións les reconoce escasa validez.
«El Observatorio mezcla lo que pagan las grandes industrias con lo que pagan los primeros compradores, que tiran los precios a la baja. El Observatorio debería ofrecer dos índices, uno del que pagan las industrias y otro del que pagan los intermediarios, que son tratantes de la leche», valora Roberto García, que este viernes ofreció una rueda de prensa acompañado de Óscar Pose.
«El decreto de cesión de precios demuestra que no llega con legislar, hay que tener voluntad política de actuar»
Otro de los problemas de la cadena de valor de la leche se sitúa en los supermercados. El sector viene advirtiendo desde hace años de que los grupos de la distribución ejercen una presión a la baja de los precios, principalmente a través de las subastas para contratar el envasado de sus marcas blancas.
Para corregir esa situación, el Ministerio de Agricultura legisló en el 2016 un decreto que obligaba a las industrias a informar a la Administración de los precios a los que le venden la leche a las distintas cadenas de distribución. Con esos datos, se esperaba que el Ministerio pudiera actuar para sancionar a los grupos de supermercados que apretasen en exceso. También se esperaba que hiciese públicos los datos agregados, de manera que el sector pudiera valorar la situación en la que se encuentra la cadena de valor de la leche.
Agricultura evita informar sobre los supermercados que presionan los precios a la baja. Tampoco hay constancia de sanciones
Nada de eso sucedió. Ni organizaciones agrarias ni cooperativas tienen constancia de que el decreto tuviera ninguna consecuencia práctica. Tampoco el Ministerio está ofreciendo ningún dato de utilidad. El secretario general de Unións, Roberto García, resume la situación: «El decreto de cesión de precios se está demostrando inútil porque no hay voluntad política de actuar».
Desde Cooperativas Agroalimentarias de España comparten un diagnóstico similar. «Esperábamos que el decreto tuviera un efecto por la vía de multas y por la vía de hacer público el nombre de las cadenas que presionaran los precios a la baja, de forma que les afectara en su reputación, pero el Ministerio no está actuando en ninguna de estas líneas», valora el responsable de Ganadería de Cooperativas, Fernando de Antonio.
Herramientas políticas
Unións Agrarias, por último, recuerda el reciente viaje a Madrid del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y lamenta que no se reuniera con la ministra de Agricultura para pedirle que se avanzara en la sostenibilidad de la cadena del valor de la leche.
«El acuerdo lácteo establece que el precio que la distribución le paga a las industrias debe ser sostenible y que el precio que la industria le paga al ganadero debe ser sostenible, pero la Administración, que se comprometió a arbitrar ese acuerdo, está mirando para otro lado» -cuestiona Roberto García.- «Esta es la legislatura del rural que anunció Feijoo», concluye el secretario general de Unións, que también demanda mayor agilidad en el decreto que obligará a identificar el origen de la leche en los supermercados.
