Luces y sombras de las nuevas medidas del Gobierno para apoyar a ganaderos y agricultores

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley para frenar el descontento en el campo y que será de aplicación desde este miércoles. Recogemos la valoración de los representantes de los productores

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Luces y sombras de las nuevas medidas del Gobierno para apoyar a ganaderos y agricultores

Concentración de agricultores y ganaderos en Aragón

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

El ejecutivo central intenta calmar así los ánimos en el campo, donde los ganaderos y agricultores han protagonizado en las últimas semanas numerosas movilizaciones que expresan un malestar de fondo provocado por múltiples causas: bajos precios por su falta de fuerza negociadora frente a industria y distribución, competencia global de productos de otros países con menores costes de producción, incertidumbre sobre las ayudas de la PAC, campañas de desprestigio contra la actividad ganadera…etc.

Las medidas aprobadas por el Gobierno, cuyo contenido detallado se conocerá mañana cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, se centran en tres áreas: mayor protección de los productores frente a industria y distribución; apoyo a los jóvenes y mejora de la situación de los trabajadores asalariados.

1) Modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria

-Será obligatorio que se cubran los costes de producción en los contratos: La nueva norma introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios.

Es decir, que se incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado -entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y su primer comprador- cubre los costes de producción.

-Regulación de las promociones de alimentos: Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores.

Unas actividades promocionales que no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.

-Prohibición de la venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena: Otra de las novedades es la prohibición de destruir valor a lo largo de la cadena. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

-Publicidad de las sanciones graves y muy graves: En el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.

Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial.

2) Mejoras en la tributación de jóvenes agricultores

En materia de fiscalidad, la norma aprobada hoy introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

Con esta modificación se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional.

3) Protección de los trabajadores eventuales:

También se introducen medidas en materia de empleo para hacer frente a las especiales circunstancias del mercado laboral en el ámbito agrario y se fijan medidas de protección de los trabajadores eventuales del campo.

Se establece una medida de carácter social, que tiene como destinatarios a los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, afectados por el descenso de actividad, mediante la reducción a 20 del número de jornadas cotizadas (peonadas) necesarias para acceder al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria. De esta forma se refuerza la protección social de un colectivo vulnerable de personas trabajadoras.

La norma recoge bonificaciones para la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos o en contratos fijos discontinuos, pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social. Se facilitará la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización, mensual o por jornadas reales trabajadas.

Para introducir medidas positivas para reducir la brecha de género, se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras.

Igualmente se contempla una modificación de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo, dentro de su ámbito de actuación los locales, viviendas, u otros lugares habilitados para las personas trabajadoras, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores y hayan sido puestos a disposición de los mismos por el empresario, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral.

Valoración de los productores:

Roberto García (Unións Agrarias): “Se debería aplicar en los contratos de la leche en marzo, para que contemplen los costes de producción”

Roberto García, secretario general de Unións Agrarias, asegura que en el caso del sector lácteo “al ser el decreto del Gobierno de aplicación inmediata, en marzo veremos como se aplica en las negociaciones de contratos entre ganaderos e industria”.

“Es decir, las ofertas de contratos lácteos a 0,295 euros el litro serían ilegales, pues al tener que contemplar los costes de producción, por lo menos deberían ofrecer los 0,325 euros litro que establece el índice RENGRATI que establece el Ministerio de Agricultura, por lo que en caso de incumplimiento por la industria debería haber sanciones”, asegura.

Aún valorando positivamente el paquete de medidas aprobado por Consejo de Ministros, y a la espera de ver como se concreta el Real Decreto, el secretario general de Unións Agrarias también echa en falta “que para casos de desacuerdos, se establezca por parte del Gobierno un laudo arbitral inmediato, pues estamos hablando de productos perecederos como la leche, y el ganadero no puede esperar a que haya una sentencia firme”.

En cuanto a las ayudas de incorporación, y al tratarse en gran medida de ayudas de la Unión Europea, Roberto García defiende que “deberían estar completamente exentas de tributación fiscal”.

Por último, el representante de Unións Agrarias también le pone deberes a la Xunta de Galicia: “Los costes de producción dependen en gran parte de competencias autonómicas, como medidas para reducir y compensar los daños de la fauna salvaje en los cultivos o ofrecer base territorial a los ganderos y agricultores para que puedan reducir los costes de alimentación”. “La Xunta debería establecer mesas de negociación con el sector para solucionar estos temas, y también es imprescindible que condicione las ayudas a las industrias lácteas a que cumplan con la Ley de la Cadena Alimentaria”, concluye.

Isabel Vilalba (Sindicato Labrego Galego): “Somos bastante excépticos y veremos como se concreta y se aplica la ley”

Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego (SLG), se muestra excéptica sobre las medidas aprobadas en Consejo de Ministros hasta que vea su aplicación. “No nos suena muy bien cuando se vuelva hablar por parte del Gobierno de voluntariedad en la aplicación, pues ya contamos con códigos de buenas prácticas firmados por industria y distribución, y que sin embargo no han significado mejoras en los precios que perciben los productores”, afirma.

En este sentido, se pregunta “si es coherente que el Gobierno español firme al mismo tiempo acuerdos comerciales como con Mercosur, que contribuyen a los bajos precios en el campo”.

En cuanto a la fiscalidad de las ayudas a los jóvenes agricultores, la secretaria del Sindicato Labrego Galego lo considera un cambio en la buena dirección, pero defiende que se debería acompañar “de una posición más firme del Gobierno para que las ayudas de la PAC beneficien a los jóvenes que se incorporan y que carecen de derechos históricos, y no a los latifundistas que perciben millones de euros”.

Unión de Uniones: “Las medidas se quedan a medio camino”

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos cree positivo el Real Decreto-Ley del Gobierno para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria en el que aprecia avances, pero considera que es mejorable es aspectos importantes.

“Nos hubiera gustado que esto se hubiera hecho mucho antes” explican desde la organización. “Es inevitable recordar las ocasiones en las que el Ministerio ha respondido estos años de atrás que era imposible cada vez que lo hemos pedido”, lamentan.

En este sentido, y por lo que respecta a la función de la AICA en la búsqueda de transparencia y sus competencias, Unión de Uniones pide que este organismo disponga de todos los medios necesarios para que pueda hacer frente a la persecución de incumplimiento y lograr que las multas que impongan sean realmente disuasorias.

Asimismo, Unión de Uniones cree que se puede mejorar la tipificación de venta a pérdidas y, para ser completa esta modificación, faltaría también una definición de la posición de dominio que proteja de las transgresiones de la competencia derivados de la concentración de la distribución y la industria.

Igualmente, consideran que la Ley de la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria debería definir mejor su texto para transponer íntegramente la Directiva Europea Directiva (UE) 2019/633 y que queden claramente incluidas determinadas prácticas desleales como plazos de posible cancelación de contratos, amenazas y represalias comerciales y exigencia de pagos no pactados.

Por último, en cuanto al cambio en la fiscalidad de las ayudas de incorporación de jóvenes, Unión de Uniones considera que “se debería, además, aplicarlo con carácter retroactivo, para no perjudicar a los jóvenes que se han incorporado estos años de atrás”.

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