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Xunta y Consellos Reguladores valoran positivamente el nuevo sistema de autorización de plantación de viñedos, cuyas líneas generales acaba de publicar la Comisión Europea, y que supondrá sustituir a partir del 1 de enero de 2016 el actual sistema de derechos de plantación por otro de autorizaciones administrativas.
Lo que más preocupaba al sector era una liberalización de la plantación de viñedos, tal como se decidió en la reforma de la OCM del 2008 y que supondría una grave amenaza para sistemas de producción vitivinícola basados en el control de la producción, en la calidad y en un precio de la uva más elevado, caso de Galicia, donde el 80% de la producción de vino está amparado por Denominaciones de Origen.
En este sentido, el nuevo sistema aprobado por unanimidad de los Estados de la UE en diciembre de 2013, mantiene en la práctica el sistema de control de la producción al limitar a un 1% el incremento de la superficie plantada de viñedo para cada estado miembro en cada año, que se traducirá en un número de hectáreas de nuevas plantaciones. Este sistema de autorizaciones administrativas estará vigente hasta el año 2030.
Valoración de la Xunta y de los Consejos Reguladores
La valoración del sector en Galicia en general es positiva. Así, la directora general de Producción Agropecuaria de la Consellería do Medio Rural e do Mar, Patricia Ulloa, afirma que «valoramos la nueva norma como muy positiva porque se elimina la liberalización de la producción que se había pensado en un principio».
«Hay que estar atentos a como se regula la aplicación del nuevo sistema en España»
En la misma línea, el secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Ramón Huidobro, destaca que «con el nuevo sistema, que permitió revertir la liberalización de plantaciones que se había decidido en la OCM del 2008, se evita el crecimiento desordenado de plantaciones de viñedo que ésta provocaría».
«Las denominaciones de origen estamos satisfechas con los resultados, aunque atentas a la legislación que regule su aplicación en nuestro país», matiza.
Más cauteloso ante la nueva normativa se muestra el responsable de Viticultura de Unións Agrarias, José Ramón Álvarez, para quien «no es más que una liberalización aplazada de los derechos de plantación». En este sentido, desde UUAA defienden que «los cinco Consellos Reguladores deberían hacer un mecanismo de control de la capacidad de producción teniendo en cuenta los pequeños viticultores y la idiosincrasia de la producción de vino en Galicia».
A este respecto, José Ramón González le demanda a la Xunta y al Ministerio que «se pongan a trabajar ya con todo el sector para garantizar la permanencia del modelo vitivinícola gallego».
Los Consejos Reguladores demandan una distribución territorial de las nuevas autorizaciones
En esta línea también van las demandas del Consejos Reguladores, que a través de la Conferencia Española de Consejos Reguladores (CECRV), reclamaron al Ministerio que el porcentaje de superficie anual fijado para nuevas plantaciones cuente con algún tipo de distribución territorial.
Ramón Huidobro explica que «se trata de evitar crecimientos excesivos de la superficie plantada de regiones de producción concretas, que podrían desequilibrar el mercado en esa zona, lo que sería contrario al espíritu de la norma y al principal objetivo del sistema recogido en la OCM: controlar la producción para evitar exceso de oferta y una posible depreciación de notoriedad de las denominaciones de origen, para garantizar el equilibrio del mercado.»
Le piden al Ministerio que tenga más en cuenta a las Denominaciones de Origen
Asimismo, desde la CECRV le reclaman al Ministerio que, de entre los criterios de elegibilidad y de prioridad elegibles en caso de que la superficie de las solicitudes supere a la fijada por el Ministerio, incluya el criterio destinado a evitar riesgo de apropiación indebida de notoriedad de una D.O., como criterio de elegibilidad, y la mejora de la calidad de los productos con DOP/IGP, como como criterio de prioridad.
La Conselleria defiende que el reparto de las autorizaciones administrativas se haga desde Galicia
En cuanto a la territorialización de las autorizaciones administrativas, la directora general de Producción Agropecuaria asegura que «aún no está definido si a cada comunidad va a darle el Ministerio una cantidad de concesiones administrativas y ellas decidirán de acuerdo con los Consejos Reguladores o si el Ministerio va a hacer tabla rasa».
Plantación de viñedo en espaldera.
En este sentido, Patricia Ulloa reseña que «desde el Gobierno de la Xunta defendemos toda la autonomía posible y siempre que podamos repartir las autorizaciones administrativas desde Galicia, mejor, porque tenemos una realidad diferenciada en el sector vinícola español».
En todo caso, lo que se prevé desde el sector es que será el MAGRAMA la administración que autorizará y decidirá sobre las solicitudes de autorización de nuevas plantaciones de viñedo, y las Comunidades Autónomas, en este caso la Xunta, serán las encargadas de gestionar las solicitudes.
Si hay distribución territorial o no del porcentaje de superficie anual fijado para nuevas plantaciones se comprobará en la normativa que actualmente está elaborando el Ministerio de Agricultura para regular en España el sistema de autorizaciones. Según fuentes del sector, se espera que la nueva norma pueda iniciar su tramitación este mes para ser publicada en el BOE en el verano.
