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El sector ganadero analiza con preocupación algunas de las exigencias que recaerán sobre las granjas en pocos años. La orientación que Europa le está dando a la nueva Política Agraria Común (PAC), que se espera para el 2022, elevará los requisitos que tendrán que cumplir las granjas para contribuir a mitigar el cambio climático y para colaborar en la conservación de la biodiversidad. Una de las exigencias claras será la medición de las emisiones de cada granja y la adopción de compromisos para reducirlas.
¿Qué aspectos cambiarán para las granjas a la hora de cobrar las ayudas de la PAC?. Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que lo que hoy son requisitos ambientales voluntarios pasarán a ser obligatorios. Es decir, pagos adicionales de hoy como el ‘greening’ (pago verde), que exige una diversificación de cultivos o el mantenimiento de superficies de interés ecológico, se convertirán en parte del pago básico.
“Habrá una condicionalidad reforzada. Si no se cumplen unos requisitos mínimos medioambientales, no se cobrarán las ayudas de la PAC”, explica Concha Gafo, de la Subdirección de Productos Ganaderos del Ministerio, que viene de explicar las regulaciones que se avecinan en una jornada en Santiago organizada por la Interprofesional Láctea.
Ecoesquemas de clima y medioambiente
Otra cuestión que preocupa en el sector es la de las exigencias que se marcarán para reducir emisiones, tanto de gases de efecto invernadero, caso del CO2 o del metano, como de otros gases que afectan a la salud, como el amoniaco. “Se está trabajando en una herramienta informática, Ecogan, que permitirá calcular las emisiones de cada granja, y se tendrán que regular y valorar las medidas de mitigación que podrán adaptar las ganaderías”, señala Concha Gafo.
La medición de las emisiones por granja y el establecimiento de compromisos de reducción es una de las cuestiones que se premiarán en la próxima PAC a través de ecoesquemas, unos pagos adicionales con los que se quiere incentivar al sector a implicarse en la mitigación del cambio climático y en la conservación de la biodiversidad.
Entre el sector ganadero, se espera a que por parte del Ministerio haya una consulta activa al sector antes de regular nuevas exigencias.
El Ministerio, por su parte, está actuando en estos momentos en dos frentes normativos.
Plan Estratégico de la PAC
Un primer pilar de cara al futuro es la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la PAC post-2021, un apartado en el que Agricultura está trabajando con reuniones separadas a tres bandas con las comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas, y ONGs ambientalistas. El Plan Estratégico que se está elaborando en España tendrá que ser después validado por la Comisión Europea, antes de su aplicación en la práctica.
Decreto de ordenación del vacuno
Un segundo frente es la elaboración de una normativa de ordenación sectorial para el vacuno, un proceso que arrancó en junio del 2017. El objetivo de Agricultura es la publicación de un decreto básico que regule aspectos como el bienestar animal, la bioseguridad o cuestiones medioambientales. El nuevo decreto podría abarcar tanto la granjas de leche como a productores de vacuno de carne (granjas de vacas nodrizas y cebaderos), si bien también existe la posibilidad de publicar decretos específicos para ordenar cada sector.
La idea del Ministerio es lograr un consenso con las organizaciones agrarias y cooperativas para regular cuestiones mínimas a cumplir por las granjas en funcionamiento y por las nuevas ganaderías. También se definirán las responsabilidades de titulares de las granjas y de los veterinarios, así como los controles y sanciones que se podrán aplicar. El objetivo del Ministerio es que esta normativa ya esté adaptada a los requisitos de la próxima PAC, a fin de evitar exigencias divergentes en ambos reglamentos.
Para la elaboración de la normativa de ordenación sectorial, el Ministerio mantuvo abierto un periodo de consulta pública el invierno pasado. Una de las pocas aportaciones llegó de la organización agraria Coag, que pidió que se regulase en el decreto el tamaño máximo de las granjas, a fin de evitar la creación de macrogranjas en España.
