La Xunta rescinde 22 convenios con montes vecinales en lo que va de año

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La Xunta rescinde 22 convenios con montes vecinales en lo que va de año

Monte vecinal de la provincia de Pontevedra. / Archivo.

El proceso de extinción de convenios de montes vecinales, que tendrá que estar completado a finales del 2021, está desarrollándose por el momento con aquellos montes que solicitan por iniciativa propia la rescisión. En lo que va de año, fueron un total de 22 montes vecinales los que ya resolvieron o están en el proceso de cancelación de su convenio con la Administración, según se conoció en el último Consello Forestal. A mayores, también está en proceso de finalización un convenio con un monte de varas en la montaña oriental de Lugo y otros cinco con particulares.

Los convenios cancelados o en fase de cierre representan algo más de 4.000 hectáreas, que dejarán de estar gestionadas por la Administración para pasar su manejo a los titulares de los montes. La provincia de Lugo es la que más acuerdos tiene resueltos o en proceso de resolución, con 18 (7 en A Fonsagrada – Ancares, 4 en la Terra Cha, 3 en Lugo – Sarria, 2 en la Mariña lucense y 2 en Terra de Lemos).

En Pontevedra son 8 (3 en el Condado – Paradanta, 3 en Vigo – Baixo Miño y 2 en Caldas – Salnés), en tanto los 2 restantes corresponden a la provincia de A Coruña (Ferrol y Santiago – Meseta Interior).

La Administración venía gestionando alrededor de 300.000 hectáreas de montes vecinales por medio de convenios con las comunidades. Esos convenios se extinguirán por completo antes del fin del 2021, teniendo la Xunta previsto ofrecerle a parte de los montes vecinales un contrato de gestión que sustituirá esos convenios. Es una posibilidad que la Administración reserva para montes descapitalizados, poco productivos o sin capacidad de gestión, pues el objetivo de Medio Rural es deshacerse al menos de un tercio de los montes conveniados durante la próxima década.

El sector forestal ya ha pedido en reiteradas ocasiones que todas las extinciones de convenios se hagan o bien por solicitud de la propiedad, como está siendo el caso de las cancelaciones del 2019, o por consenso entre las partes, previo acuerdo entre cada comunidad y la Administración.

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