La Xunta reclama a Madrid incentivos fiscales para la actividad agroganadera y forestal

El conselleiro José González solicita al Gobierno Central que aproveche la transposición de la normativa europea sobre precios para modificar la legislación nacional con el objetivo de evitar la venta a pérdidas de los productos agroganaderos

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La Xunta reclama a Madrid incentivos fiscales para la actividad agroganadera y forestal

La Xunta instará al Gobierno central a que elabore una ley estatal de incentivos fiscales para la actividad agroganadera y forestal. El Gobierno gallego considera necesario acometer -en el ámbito nacional, como ya se hizo en Galicia- una serie de medidas que mejoren la tributación de los agricultores, ganaderos y silvicultores, para de este modo mejorar también sus rentas.

Así lo avanzó hoy el conselleiro de Medio Rural, José González, en la víspera de su viaje de mañana a Madrid para participar en la reunión convocada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con las comunidades autónomas sobre la situación de los precios de los productos agroalimentarios.

González recordó que, «en lo que se refiere a Galicia y en los impuestos de competencia autonómica, la Xunta ya ha legislado con el programa de Impuestos Cero en el Rural y con múltiples ventajas fiscales para el campo, centradas en bonificaciones para el fomento de la compra de vivienda en zonas poco pobladas, del alquiler de inmuebles de carácter rústico o del asociacionismo». «Por eso, -defendió- ahora hace falta una ley nacional, ya que los principales impuestos en los que se tiene que actuar son de competencia del Estado». «Se trata de hacer una discriminación positiva en la fiscalidad de los agricultores, ganaderos y silvicultores, para mejorar también así la rentabilidad de sus explotaciones», subrayó.

El consejero añadió que por parte de la Xunta están constituidos los grupos de trabajo con los agentes del sector a través de los consejos Agrario y Forestal, con expertos en tributación.. «De ahí -explicó-, van a salir propuestas de mejora e incentivos fiscales tanto a la implantación de nuevas actividades agrícolas, ganaderas y forestales como también a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones existentes, por la vía de las mejoras en su fiscalidad».

Adaptar a España la normativa europea para evitar la venta a pérdidas de productos agroganaderos

En cuanto a la movilización de los productores en defensa de unas rentas dignas para el sector, el consejero matizó que «no se puede defender la fijación de precios mínimos para los productos agrícolas o ganaderos, porque esto no está permitido por la normativa de competencia europea y española, al considerarlos una restricción a la libre competencia». «A pesar de eso, la Xunta sí apoya la necesidad de que la cadena de valor construya el precio de los productos del sector primario a partir del coste de producción de los agricultores y ganaderos, evitando las ventas a pérdidas», defendió.

En esta línea, González indicó que es preciso aprovechar la transposición de la normativa europea para modificar la legislación estatal, en particular las leyes de Competencia Desleal, de Defensa de la Competencia y de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Advirtió que «se trata de buscar una ampliación del catálogo de conductas desleales y prácticas prohibidas para alcanzar el objetivo de evitar la venta a pérdidas en el sector primario»,

En este sentido, el conselleiro solicitó al Gobierno central la constitución de grupos de trabajo con participación de las comunidades autónomas para el desarrollo del proceso de esa transposición de las normas comunitarias y de la necesaria revisión legislativa en el ámbito estatal. En esta línea, anunció que mañana mismo va a trasladar al ministro de Agricultura la necesidad de actuar en ese sentido, en la reunión prevista, junto con el resto de comunidades autónomas. «En esta reunión, dijo González, se va a demandar por parte gallega que el Gobierno central actúe de acuerdo con sus competencias en la materia para garantizar esos precios justos para los agricultores y ganaderos del conjunto de España y, por supuesto, dentro de ellos para los productores gallegos».

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