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La conversión de masas arboladas en tierras de cultivo se está convirtiendo en un largo recorrido burocrático para los propietarios que buscan un aprovechamiento agrario de estas fincas. Las dificultades se presentan en las masas con una superficie superior a 50 hectáreas o en aquellas donde existen frondosas autóctonas, lo que hace que el proceso implique más trámites de lo que acontece con masas de otras especies, como eucaliptos o pinos, que suelen resolverse favorablemente y en un plazo de tiempo más corto.
Las dificultades se presentan en las masas con presencia de frondosas caducifolias, aunque sea testimonial
En cualquiera de estos dos casos, el procedimiento lleva parejo un mayor aporte de documentación, lo que provoca que se esté dilatando en el tiempo su tramitación. «Es habitual que estos procesos no se resuelvan antes de un año e incluso estamos teniendo tramitaciones que llevan 3 años iniciadas», concretan desde la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), ligada a la organización Unións Agrarias.
El impacto ambiental, el punto clave
La presencia de frondosas autóctonas, independientemente del número de árboles que haya o de las dimensiones de la parcela sobre la que se hace la solicitud, implica una tramitación más laboriosa que si hay otras especies. «No estamos hablando de grandes masas de robledales sino que la mera presencia de frondosas autóctonas, aunque sea de manera puntual o en zonas en las que hay una regeneración de la vegetación autóctona, ya obliga a que se presente más documentación», concreta Jacobo Feijoo, secretario general de Asefoga.
Tanto en el caso de que haya frondosas como si lo que se quiere cambiar es una superficie mayor de 50 hectáreas de otros árboles, es preciso que con la solicitud se presente un informe simplificado del impacto ambiental sobre la fauna y la flora de este espacio. «Es lógico que cuando estamos ante una superficie importante de arbolado se valore su impacto, pero exigir el mismo informe por la mera presencia de frondosas, aunque sólo sean 1.000 metros cuadrados nos parece un exceso de burocracia», concluye Jacobo Feijooo.
En los últimos tiempos, en la mayoría de los casos se solicita un informe común de impacto ambiental, más amplio que el inicial
Desde que se inicia la solicitud, su recurrido implica a diferentes organismos, con lo que el proceso suele prolongarse en el tiempo. Inicialmente la solicitud se tramita ante la Consellería de Medio Rural, pero desde allí se remite a la de Medio Ambiente, que será la encargada de emitir una resolución a la petición. Antes de emitir un veredicto, el informe inicial de impacto ambiental se envía a 11 organismos que lo evalúan, entre los que figuran entidades como Augas de Galicia o Patrimonio Natural.
Buena parte de las resoluciones a estas peticiones terminan por reclamarle a los solicitantes que presenten un informe común de impacto ambiental, es decir más completo, con lo que el procedimiento se alarga más en el tiempo.
Llegados a este punto, la mayor parte de los solicitantes desisten de continuar con la tramitación. «Si alguno de estos organismos cuestiona la idoneidad del cambio ya con el primer informe, es probable que se rechace la solicitud y la gente ya no suele seguir con la tramitación», indican. De hecho, desde el colectivo forestal, que se encarga de la tramitación de estas solicitudes, no llegaron a gestionar ninguna petición una vez solicitado el informe de impacto ambiental común.
«Estas tramitaciones son un ejemplo de burocracia, que no colabora en facilitar la vida en el rural» (Jacobo Feijoo, Asefoga)
«Se precisan estas medidas en espacios protegidos o para grandes masas, pero llevarlo a cabo en cualquier monte, sólo por ser autóctono, es un ejemplo más de burocracia que no colabora en facilitar la vida en el rural», recrimina Jacobo Feijoo.
Desde Asefoga reivindican que la transformación de monte en tierras de cultivo es una práctica con una honda tradición, por lo que no debiera estar sujeta a esta tramitación de impacto ambiental cuando implique pequeñas extensiones de frondosas, a excepción de aquellas peticiones que se hagan en zonas protegidas.
La tramitación en Pontevedra, de las más tediosas
Si los plazos habituales de estas tramitaciones suelen prolongarse durante más de un año, en el caso de las solicitudes presentadas en Pontevedra, los plazos se dilatan aún más, como apuntan desde el colectivo. «Es habitual que los expedientes se extravíen y que las contestaciones se retrasen, alargando los procedimientos a 3 años», indican desde el colectivo.
Una finca de media hectárea que tenía ya la mitad a tierras de cultivo tardó más de dos años en lograr permiso para cambiar el uso de la otra mitad
Este fue el caso, por ejemplo de una tramitación iniciada en el 2017 y que fue resuelta a finales de este verano para un cambio que afectaba a una superficie de poco más de 2.400 metros cuadrados de una parcela de 4.800 metros cuadrados, donde la mitad de la finca ya estaba siendo empleada como tierra de cultivo.
La mayoría de las peticiones son fincas pequeñas y que están próximas o integradas en parcelas que son agrarias, según detallan desde la asociación. «No tienen ningún tipo de justificación los largos plazos que maneja la Consellería de Medio Ambiente para dar respuesta a las peticiones, especialmente en el caso de Pontevedra», critica el secretario general de Asefoga.
Sanciones
La tramitación para el cambio de cultivo es obligatoria para que se concedan las autorizaciones necesarias para la tala de los árboles. Además, de no realizarla, los propietarios se enfrentan a la apertura de expedientes sancionadores que además los obligan a restaurar la parcela e implican sanciones económicas.
Entre 2016 y 2018, en Galicia se tramitaron 7 expedientes sancionadores por cambios ilegales de forestal a agrario
Aunque la mayoría de los expedientes que tramita la Xunta por cambios de actividad del terreno sin autorización son de terrenos agrarios que se transforman en forestales, también se contabilizan expedientes sobre cambios no autorizados de masas forestales a agrícolas. En el período 2016 – 2018 en la provincia de A Coruña se registraron 3 expedientes por cambios ilegales de actividad forestal a agrícola y en la provincia de Lugo ascendieron a 4.
Sin embargo, los casos de cambios ilegales de tierras agrarias a forestales que conllevaron un expediente sancionador en este mismo período en Galicia ascienden a 218 casos (162 en A Coruña, 29 en Lugo y 63 en Ourense). Previos a la apertura de estos expedientes, en esos 3 años, según los datos manejados por la Consellería de Medio Rural, se realizaron 1.076 apercibimientos por cambio de actividad agrícola a forestal de manera ilegal (653 en la provincia de A Coruña y 423 en Lugo).
