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El anuncio de nuevas medidas para frenar la sobrepoblación de jabalí, realizado a comienzos de semana por la Consellería de Medio Ambiente, está siendo cuestionado por la mayor parte de los sectores implicados, que dudan de la efectividad real de estas propuestas.
«Estas medidas siguen siendo insuficientes porque no van al fondo del asunto y la Xunta ni asume la responsabilidad ni la gestión de la fauna salvaje», recrimina Jacobo Feijoo, responsable de desarrollo rural de Unións Agrarias. En esta misma línea, Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego (SLG), califica las medidas de «abruptas e improvisadas y no van a resolver la problemática de la fauna salvaje», indica.
«Con estas medidas la Xunta ni asume la responsabilidad ni la gestión de la fauna salvaje”, Jacobo Feijoo, Unións
Organizaciones agrarias, cazadores y afectados coinciden, además, en señalar la necesidad de afrontar acciones para paliar los daños que la fauna salvaje está causando principalmente a los ganaderos y agricultores en los cultivos, pero también a la población general, con los siniestros de tráfico que provocan, y por el riesgo que implica que se aproximen a núcleos urbanos. Otro problema en ciernes es la peste porcina africana.
La efectividad de las medidas
Las medidas propuestas por la Xunta se centran en incrementar los días en los que se puede cazar, en la temporada de caza, en 33 ayuntamientos declarados como zona de emergencia cinegética temporal. También se incluye la eliminación de cupos o la autorización de otras modalidades empleadas en la caza menor. Todas ellas son medidas que quedan sujetas a la voluntad o capacidad de llevarlas a cabo de los tecores, que serán los que decidan si emprenden más cacerías de las que tenían previstas.
«Piensan que vamos a estar cazando todos los días de la semana y el problema de la sobrepoblación de jabalíes no es que no haya días suficientes para cazar. Aunque se incrementen los días puede que todo siga igual y que no se organicen más cacerías, eso va a depender de lo que decidan los tecores», indica Antonio Mota, secretario de la Unión de Tecores de Galicia (Unitega).
Las cacerías quedan sujetas a la voluntad o capacidad de llevarlas a cabo de los tecores
Tanto desde el colectivo de tecores como desde distintos sindicatos como Unións Agrarias, el SLG o colectivos como la Asociación de Afectados pola Fauna Salvaxe de Galicia (Aperfasa) ven que estas medidas quedan sujetas a la voluntariedad de los cazadores. «Los afectados quedan a expensas de que los tecores colaboren en ir más de caza de lo que estaban haciendo hasta ahora, si no quedarán igual de indefensos que estaban», reprochan desde Aperfasa.
«Desde Unitega siempre hemos hecho propuestas para intentar solucionar el problema, somos muy conscientes de los perjuicios que supone para los agricultores y ganaderos, pero la Xunta no puede desentenderse y esperar que sean los cazadores los que lo solucionen», apunta Mota.
Para colectivos como Unitega o Unións las soluciones pasan porque la Xunta sea quien fuerce y posibilite las intervenciones para frenar los daños. Piden que haya colaboración con los tecores, pero si estos no son capaces de asumir la labor, se le ofrezcan soluciones inmediatas a los ganaderos y agricultores.
El incremento de los cupos de caza tanto de machos como de hembras tampoco es una medida que convenza a los cazadores puesto que como apuntan desde Unitega en la práctica ya se estaban permitiendo incrementar los cupos de caza a aquellos tecores que los habían agotado.
Temor a la inseguridad por el aumento de cacerías
El incremento de los días de cacerías genera dudas sobre la seguridad en el monte en una temporada, el otoño, donde suelen incrementarse las actividades en estos espacios. «Ahora la gente sabía los días que había cacerías pero de este modo la gente que quiera ir al monte a pasear, a por setas o a trabajar a una finca, nunca va a saber si va a haber o no alguien cazando jabalí al lado», critica Isabel Vilalba. «Estas medidas generan un enfrentamiento entre cazadores, afectados y otros colectivos ambientalistas que lejos de solucionar el problema contribuye a dificultar el entendimiento», apunta Mota.
“Se genera un enfrentamiento entre cazadores, afectados y otros colectivos que contribuye a dificultar el entendimiento», Unitega
La inseguridad que se puede generar por el incremento de las cacerías es uno de los temas que coinciden en señalar desde todos los sectores. Así, desde colectivos como la Asociación Agraria de Galicia, que valora positivamente las acciones propuestas por la Xunta, inciden en la importancia de que «los cazadores extremen las medidas de seguridad dado que la multiplicación de los días hábiles puede crear cierta confusión y aumentar los peligros».
Además, el hecho de que se puedan emplear modalidades de la caza menor como la ‘caza en mano’ o ‘al salto’ levanta ciertas dudas sobre la seguridad durante las cacerías. «Ahora las batidas de jabalí están siendo muy controladas, con dispositivos de comunicación y zonas acotadas, pero incorporar estos modelos, que pueden funcionar en otras partes de España por tener una mayor visibilidad o en fincas privadas, pueden suponer un riesgo tanto para cazadores como para el resto de la población», concretan desde Unitega.
El censo de jabalí
Otro de los aspectos cuestionados es el baremo empleado por la Xunta para definir la población de jabalí. «La decisión se basó sólo en las denuncias y esto provocó que se declarasen zonas como A Gudiña (Ourense), donde la densidad de jabalí es menor que en otras zonas que quedaron excluidas», concreta Mota.
«El censo de daños se hizo en base a las denuncias cuando muchos afectados no los notifican después de que durante años non les sirviese para nada» Isabel Vilalba, SLG
También desde Aperfasa inciden en esta cuestión y reivindican que «hay ayuntamientos muy castigados que quedaron fuera por lo que solicitamos que la medida se extienda a todo el territorio», concretan. «El censo se hizo en base, en gran medida, a las denuncias de daños cuando muchos afectados no las están notificando después de varios años en los que no les sirvió para nada hacerlo y dado los atrancos que supone», reprochan desde el SLG.
Así, los distintos colectivos inciden en la importancia de conocer la población real y de estimar, en base a criterios científicos, un censo de población sostenible y reducir la cabaña en los lugares donde sea inviable el número de ejemplares actuales. También reivindican a la Xunta la necesidad de afrontar esta problemática con todos los sectores implicados para llegar a medidas consensuadas.
Jacobo Feijoo y Roberto García en la entrega de firmas esta mañana en el Parlamento.
Más de 6.500 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular sobre el jabalí
Por otra parte, esta misma mañana el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, entregó en el Parlamento de Galicia más de 6.500 firmas recogidas en 25 días en las diferentes oficinas del sindicato agrario para apoyar la ILP sobre el jabalí. García incidió en la importancia de que la Xunta asuma su responsabilidad y la gestión de la fauna salvaje dotándose de instrumentos válidos y sin dejar la solución en la voluntad de los tecores ya que «es la Xunta quien tiene competencias y presupuesto». El sindicalista reivindicó la importancia de destinar un presupuesto concreto para reducir la población y para afrontar los pagos por daños, que en buena medida, siguen a asumir los productores.
