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Los cambios que la Xunta ha propuesto para el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 generaron un consenso en contra de la mayoría de organizaciones del campo. Dos son los asuntos que centran la mayoría de las alegaciones presentadas por el sector. El primero, se pide que se garantice la continuidad de las ayudas agroambientales, que benefician a la ganadería extensiva, y las ayudas para zonas con limitaciones naturales hasta que comience el nuevo ciclo de ayudas, que se espera para el 2022 o 2023. En segundo término, se demanda la continuidad de las ayudas para asesoramiento técnico a las explotaciones agrarias.
En el comité de seguimiento del Plan de Desarrollo Rural (PDR) celebrado la pasada semana, la Xunta había confirmado la continuidad de las ayudas agroambientales en el 2020 a costa de reducir los apoyos para zonas con limitaciones naturales. Sin embargo, los años 2021 y 2022 quedan por el momento en el limbo, a la espera de que la Comisión Europea anticipe fondos de la nueva PAC por medio de un reglamento de transición.
La cuestión que preocupa a las organizaciones del campo es que esos fondos no se lleguen a confirmar. “Hay que tener un plan B para garantizar la continuidad de las ayudas agroambientales y para zonas con limitaciones naturales. Dado que están sin ejecutar el 50% de los fondos del PDR y que se podrán ejecutar hasta el 2023, deben reservarse fondos para las agroambientales y para zonas con limitaciones naturales en el 2021 y 2022. Si al final llegan nuevos fondos europeos para esas ayudas, habrá margen para redistribuir el gasto a otras partidas”, propone el responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo.
Es un punto de vista que comparten la mayoría de organizaciones del campo, que presentaron alegaciones en un sentido similar a los cambios del PDR propuestos por la Xunta. “Estamos en contra de que se reduzcan los apoyos para zonas con limitaciones naturales, bien de montaña, bien zonas desfavorecidas, pues hay que compensar a las personas que mantienen el tejido social y económico en estos lugares”, expone la secretaria general del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba.
“Otra cuestión es que hay que garantizar la continuidad de las ayudas agroambientales y para zonas con limitaciones naturales durante el periodo de transición de la PAC. Tenemos muchos profesionales que hicieron un esfuerzo grande por introducirse en la agricultura ecológica o por consolidar un modelo de producción respetuoso con el medioambiente y ahora se ven desamparados tras todo el esfuerzo hecho”, critica Vilalba.
Los mismos argumentos son expuestos por otros colectivos, como la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes, Ovica o la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca). “Las ayudas agroambientales y para zonas de limitaciones naturales no pueden tener parones, son necesarias todos los años porque representan en conjunto entre el 20 y el 25% de la renta de una ganadería extensiva” -explica Joan Alibés, presidente de la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes-. “Ese dato lo sabemos por el servicio de asesoramiento técnico que le estuvimos prestando a estas ganaderías, que es un servicio que la Xunta quiere dejar de financiar”, cuestiona.
Supresión del servicio de aconsejamiento
Todas las explotaciones que se benefician de las agroambientales están obligadas a contar con un servicio de aconsejamiento que incluye visitas de campo y seguimiento del pastoreo de los animales. Durante este año, una ayuda de la Xunta permitió que este servicio se le haya prestado gratis a las ganaderías, pero para el próximo año la Administración quiere retirar todos los apoyos al asesoramiento técnico, que tendrá que ser pagado de nuevo por las granjas.
“El objetivo de las ayudas para asesoramiento era que los ganaderos tuvieran un servicio gratuito que les cubriera todas las sus necesidades, tanto en el aconsejamiento al que están obligados por las ayudas agroambientales como en el asesoramiento que precisa toda explotación en cuestiones de manejo, alimentación o instalaciones, entre otras cosas” -explican desde Ovica-. “Este año nosotros no le cobramos el servicio a las explotaciones socias porque lo pagó la ayuda, pero si para el año desaparece esta ayuda, habrá que cobrarlo de nuevo”, concluyen.
El sector no se explica los motivos de la eliminación de los apoyos al asesoramiento. “Es una medida de apoyo al sector primario que comenzó a funcionar este año y que estaba prevista por cuatro años. No entendemos cómo se puede eliminar después del primer año de funcionamiento”, cuestiona Carlos Ares, de Agaca.
“Eliminar el asesoramiento es una medida contracorriente que no entendemos” -añade Isabel Vilalba, del Sindicato Labrego-. “Nuestro modelo de apoyo al sector pasaría por servicios públicos de calidad, pero ya que se desmantelaron las oficinas agrarias comarcales y se optó por apoyar un programa de asesoramiento técnico, no tiene sentido que se convoquen ayudas un año para entidades de aconsejamiento y que después se supriman”, critica.
Desde la perspectiva de Joan Alibés, de la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes, “suprimir el asesoramiento es dejar a los ganaderos gallegos en desventaja con sus competidores del resto de Europa y de España. En toda Europa y en el resto de comunidades autónomas hay un apoyo claro a la transferencia tecnológica, a asesorar a los productores en nuevos conceptos y nuevas prácticas”, concluye Alibés.
Los colectivos del campo presentaron alegaciones individuales a las modificaciones del PDR propuestas por la Xunta y demandaron también amparo de la Comisión Europea, solicitando que no se aprueben los cambios del PDR propuestos por la Xunta.
