Agromuralla pide menos impuestos de los ayuntamientos para las ganaderías

La asociación de ganaderos está manteniendo reuniones con los alcaldes salidos de las elecciones municipales de este año para que reduzcan al mínimo la tributación de los inmuebles de naturaleza rústica y apliquen bonificaciones a las granjas y a las construcciones agroganaderas en el pago del IBI

Unha das últimas xuntanzas mantidas foi co alcalde de Láncara

Una de las últimas reuniones mantenidas por Agromuralla fue con el alcalde de Láncara

La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla pide a los Ayuntamientos que apliquen «una tributación municipal que favorezca el mantenimiento de la actividad agroganadera e incentive la ampliación y mejora de las explotaciones existentes». La asociación surgida de las tractoradas de hace cuatro años en la ciudad de Lugo presentó una solicitud formal en todos los Ayuntamientos de las provincias de Lugo y de A Coruña donde tiene asociados para que las Corporaciones municipales de estos municipios acuerden una rebaja en la tributación de los inmuebles de naturaleza rústica y de las explotaciones agroganaderas y construcciones vinculadas a ellas que permita «aliviar la carga fiscal que soportan las granjas y favorecer su viabilidad y competitividad por la vía de la reducción de los costes de producción».

La entidad que preside Roberto López recuerda que el conocido como «catastrazo», la actualización de los valores catastrales llevados a cabo en el año 2013, «incrementó de manera considerable los impuestos municipales que las explotaciones ganaderas pagan a través del IBI». Por eso, reclama Agromuralla, «es necesario que los Ayuntamientos arbitren las medidas necesarias para aminorar esta presión fiscal».

Solicitan que se bonifiquen también las licencias de obra destinadas a construcción, ampliación o mejora de explotaciones porque «cuando una granja se moderniza es una señal de continuidad y mantenimiento de la actividad que repercute en el territorio generando actividad económica y puestos de trabajo», afirma Roberto López

La asociación, que está manteniendo reuniones con los alcaldes y alcaldesas salidos de las elecciones municipales de este año para abordar con ellos este asunto, reclama de los Ayuntamientos donde no se tomaron medidas con anterioridad una modificación en las ordenanzas fiscales municipales para rebajar el tipo impositivo de las fincas rústicas al mínimo legal permitido (0,30%) y la aprobación de la bonificación máxima permitida legalmente (95%) en el Impuesto de Bienes Inmuebles para las edificaciones de uso agroganadero.

Del mismo modo, Agromuralla pide que se bonifiquen las licencias de obra destinadas a la construcción, ampliación o mejora de explotaciones agroganaderas. «Cuando una granja se moderniza es una señal de continuidad y de mantenimiento de la actividad que repercute en el territorio generando riqueza y puestos de trabajo», argumenta Roberto López, que recuerda que las explotaciones agroganaderas son «fundamentales para mantener la actividad económica en el medio rural».

Unificar criterios a través de la Fegamp

Agromuralla explica que no existe «uniformidad» en la presión fiscal que soportan las granjas y que los impuestos municipales que pagan «varían mucho» en función del ayuntamiento en el que estén asentadas, lo que provoca «agravios comparativos claros». «En función del municipio en el que se encuentren, dos explotaciones de similares características pueden llegar a pagar el doble una de la otra, en función de si el Ayuntamiento aplica o no rebajas y bonificaciones en el IBI», explica Roberto López.

Dos explotaciones similares pagan impuestos muy diferentes en función del ayuntamiento en el que se encuentren

Agromuralla considera que «es una situación que no tiene ningún sentido», por lo que pide «que a través de la Fegamp se fijen unos criterios homogéneos que sean aplicados por todos los Ayuntamientos para evitar esta notable disparidad tributaria».

En la provincia de Lugo, por ejemplo, son ya varios los Ayuntamientos (como es el caso de Friol, Ribadeo, Lugo, A Pontenova, Barreiros, Trabada, A Pobra do Brollón o Riotorto) que tienen ya aprobadas bonificaciones y rebajas en el IBI para las explotaciones agroganaderas, unas exenciones que varían entre el 40 y el 95% en función de cada caso y otros Ayuntamientos se mostraron dispuestos en las reuniones mantenidas con Agromuralla a estudiar distintas alternativas para rebajar la presión fiscal a las explotaciones.

Disparidad notable entre Ayuntamientos

También hay disparidad en el tipo impositivo fijado, que va desde lo 0,30% de Abadín o Lugo al 0,48% de Sober, el 0,50% de A Pobra do Brollón o el 0,80% de Meira. En la mayoría de los casos la tributación de las fincas rústicas está fijada en el 0,60% (Palas de Rei, A Pastoriza, Foz, Friol, Láncara, Begonte, Barreiros, Trabada) o en el 0,65% (Riotorto, A Pontenova).

La revisión catrastral llevada a cabo en el año 2013 multiplicó por cuatro las cuotas impositivas en la mayoría de los municipios

Como ejemplo de esta «desigualdad impositiva», Agromuralla aporta tres ejemplos reales del IBI pagado en este año 2019 por tres explotaciones lecheras en activo en tres ayuntamientos diferentes de la provincia de Lugo. En el Ayuntamiento de Guntín, donde no hay bonificación, una explotación pagó este año por un establo y un pajar 807 euros, lo que supone «un importante coste de producción añadido». Otra explotación del ayuntamiento de A Pastoriza, donde tampoco hay bonificación, pagó 556 euros por 18 parcelas rústicas. Antes del catastrazo esa misma explotación pagaba 121 euros, por lo que el recibo se multiplicó por cuatro a consecuencia de la revisión catrastral del año 2013, igual que sucedió en la mayoría de Ayuntamientos.

También se cuadriplicó el recibo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barreiros, que sin embargo aprobó una bonificación del 95% para mitigar la subida. De este modo, una explotación que antes del catastrazo pagaba 60 euros y vio como la cuota subía hasta los 217 euros a consecuencia de la revisión catastral, paga ahora solo 11 euros como resultado de la entrada en vigor de la bonificación municipal.

Una vez aprobada, hay que solicitar la bonificación

Gandeiros na última asemblea de Agromuralla, celebrada o mes pasado en Lugo

Ganaderos en la última asamblea de Agromuralla, celebrada el mes pasado en Lugo

El proceso para aplicar el descuento en el recibo del IBI a las explotaciones comienza con la aprobación y exposición pública de la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente. Una vez en vigor, los ganaderos tienen que solicitar individualmente que se les apliquen esas bonificaciones.

En base a la Ley de Haciendas Locales, las explotaciones agroganaderas tienen que solicitar el reconocimiento de su actividad como de especial interés municipal y una vez que el Pleno de la corporación municipal otorga este reconocimiento, es cuando se aplica la bonificación en el recibo del IBI correspondiente.

Muchos Ayuntamientos aprobaron la bonificación pero no está siendo aplicada por falta de información

Así, pues, en muchos casos, aunque los Ayuntamientos han modificado ya su ordenanza, no está siendo aplicada por falta de información por parte de los ganaderos. Por eso Agromuralla solicita a los Ayuntamientos que una vez efectúen los cambios en la ordenanza estos sean comunicados al conjunto de los vecinos y vecinas y en especial a las explotaciones ganaderas para que de este modo puedan verse beneficiadas por los descuentos en el recibo del IBI.

«Una vez llevadas a cabo las modificaciones que proponemos, debe ser ampliamente informada la población de los Ayuntamientos para que los ganaderos, así como los vecinos y vecinas en su conjunto, puedan ejercitar sus derechos y acogerse la estas reducciones y bonificaciones», argumenta Roberto López en el escrito presentado en los Ayuntamientos de las provincias de Lugo y de A Coruña donde Agromuralla cuenta con ganaderos socios.

«En los últimos años los ganaderos vimos incrementada la presión fiscal sobre nuestras granjas, sin que se haya producido una subida pareja en el precio de venta de nuestra leche», indica el presidente de Agromuralla

Finalmente, Agromuralla considera que reducir la presión fiscal que soportan las explotaciones ganaderas repercute también en otros sectores, pues el sector primario es fundamental también para fomentar el asentamiento de población y nuevos negocios en las áreas rurales. «En los últimos años los ganaderos vimos incrementada la presión fiscal sobre nuestras granjas, sin que se haya producido una subida pareja en el precio de venta de nuestra leche, con lo cual, junto con otros factores, hace que se incrementen los costes de producción disminuyendo la viabilidad económica de las explotaciones y haciéndose más difícil la permanencia en la actividad, cuyo mantenimiento es fundamental para asentar población y generar actividad económica de todo tipo en los ayuntamientos rurales», concluye la asociación en el escrito remitido a los alcaldes.

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