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Los criterios y el sistema que utiliza el Ministerio de Agricultura para repartir las autorizaciones para realizar nuevas plantaciones de viñedo están a generar un fuerte malestar en el sector vitícola español, especialmente en las Denominaciones de Origen.
¿Cual es la situación actual?
Tras la última reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) del vino la Comisión Europea decidió que no se liberalizarán las plantaciones de viñedo, para regular así la oferta y los precios, hasta el año 2030. Hasta entonces el sistema que se acordó es que cada Estado miembro pueda aumentar su superficie de viñedo como máximo un 1% anual, un sistema que entró en vigor en el año 2016.
En España, con algo más de 950.000 hectáreas de viñedo, la mayor superficie del mundo, el Ministerio decidió arrogarse la competencia para establecer los criterios de reparto, a pesar de que agricultura está transferida a las Comunidades Autónomas, y fijó un límite de incremento anual de la superficie vitícola del 0,52%; es decir, unas 5.000 hectáreas. Sin embargo, las solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones superaron las 25.000 hectáreas el pasado 2017.
De las 191 hectáreas que Galicia solicitó plantar en 2017 el ministerio solo concedió autorización para 57
¿Que hizo el Ministerio? En el 2016, el primer año con el nuevo sistema lo que hizo fue dividir el número de hectáreas solicitadas por cada Comunidad Autónoma entre el cupo otorgado. En el caso de Galicia eso supuso que a cada viticultor se le concedió alrededor del 30% de lo que había solicitado.
Ante las quejas recibidas el Ministerio aprobó en julio del año pasado el Real Decreto 772/2017, que aún ha agravado la situación ya que establece unos criterios de prioridad para el reparto (jóvenes agricultores, pequeños viticultores o competencia profesional), que dejan fuera a muchos viticultores.
En el caso de Galicia, una fuente del sector advierte de que “con el actual sistema de reparto corremos el riesgo de que se cambie el modelo vitícola de Galicia, de vinos de parcela, en el que el minifundismo es un valor, por un modelo de grandes plantaciones que deja fuera a los pequeños viticultores”.
De hecho, tanto los consejos reguladores de las DO gallegas, como la propia Consellería de Medio Rural y organizaciones agrarias como UPA o COAG están presionando al Ministerio para que este año se introduzcan cambios que corrijan la situación.
Las principales quejas:
-Obliga a las bodegas y a los viticultores a realizar la plantación en varios años:
En el año 2017 las bodegas y viticultores gallegos presentaron solicitudes para plantar 191 hectáreas de viñedo pero el Ministerio de Agricultura solamente concedió autorización para plantar 57.
¿Como se repartieron? Lo explica José Luis García Pando, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras: “Si solicitas plantar 4 hectáreas, para este año si tienes suerte te autorizan a plantar 2, para el próximo año puedes plantar 1 y para el siguiente te autorizan a plantar 1 hectárea”. “Es decir, te obligan a realizar la plantación en tres años y eso no es viable. Hay un gran descontento entre las bodegas, que de momento se van arreglando con la reestructuración de viñedos viejos o con el alquiler de viñedos, pero el problema sigue aí”, denuncia.
-El reparto no se ajusta a la realidad de Cada Comunidad Autónoma:
Excepto la Federación Española del Vino, representante del sector bodeguero, hay una coincidencia entre los representantes del sector en que el límite de nuevas plantaciones de viñedo no debería sobrepasar el 1% anual del total de viñedos plantados, pero adaptado a cada comunidad autónoma.
“Es decir, igual a Galicia si que le interesa llegar a ese 1% porque los vinos gallegos tienen demanda pero a La Rioja o a Castilla La Mancha no les interesa aumentar la superficie de viñedo. La actual situación, en el que el Ministerio ha hecho tabula rasa estableciendo un incremento anual del 0,5%, haya demanda o no, nos perjudica a todos”, asegura una fuente del sector vitícola de Rías Baixas.
“El reparto y los criterios que se utilicen deberían realizarlo las Comunidades Autónomas”
“El reparto y los criterios que se utilicen deberían ser de competencia autonómica, para adaptarse a la realidad de cada región. Así, si sobre el cupo que le corresponde a Galicia en Rías Baixas un año no lo utilizamos se le podría transferir a Monterrei o a Valdeorras, si lo necesitan”, añade.
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) se posicionó claramente a favor de que sean las Comunidades Autónomas las que ejerzan esta competencia que les es propia: “Esta organización tiene claro que la regionalización y adaptación del sistema -de autorizaciones- a la realidad productiva de cada zona, dada la heterogeneidad que presentan las regiones vitivinícolas y que, en base a ella, sus necesidades no son siempre coincidentes, es muy importante para la efectividad del sistema”.
-Se deja fuera a los pequeños viticultores en el caso de Galicia:
Otro motivo de discordia está en los criterios de prioridad que establece el Ministerio de Agricultura para repartir las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo. Así, y con la finalidad de dar prioridad a los pequeños viticultores, en el caso de Galicia se establece como criterio que el solicitante deba tener una superficie vitícola mínima de 0,5 hectáreas.
Sin embargo, ese criterio choca con la realidad del minifundismo en Galicia. Sirva como ejemplo que en el caso de la Denominación de Origen Rías Baixas de los 5.343 viticultores registrados un total de 4.030 tienen menos de 5.000 metros cuadrados en propiedad. Es decir, con el criterio actual se deja fuera al 75% de los viticultores de Rías Baixas a la hora de poder tener autorización para realizar nuevas plantaciones de viñedo, una situación que con variaciones se repite en el resto denominaciones de origen gallegas.
-Se exige demostrar una competencia profesional como viticultor sin que en Galicia se oferte formación:
Otro de los puntos polémicos de los requisitos que exige el Ministerio de Agricultura para optar a autorizaciones de plantación es que se debe poseer el certificado de asistencia y aprovechamiento a los cursos de instalación a la empresa agraria y otros cursos complementarios con una duración mínima de 150 horas.
Sin embargo el problema es que no hay oferta formativa oficial para realizar esos cursos de 150 horas para el sector vitícola. En el caso de los consejos reguladores gallegos lo que proponen es que se puedan conceder los permisos de plantación al viticultor con el compromiso de realizar la formación antes de plantar, teniendo que acreditar dichas horas para hacer efectivos los permisos.
Además de pedir a la Consellería de Medio Rural que oferte estos cursos, se propone que los cursos organizados por los Consellos Reguladores sirvan como enseñanza no reglada.
-Las bodegas intentan sortear el problema alquilando viñedos en otras Comunidades y trayendo los derechos de plantación para Galicia:
El freno que supone el actual sistema de autorizaciones de plantación está llevando a algunas bodegas, sobre todo de tamaño mediano y grande, a sortear el sistema mediante el alquiler de viñedos en otras Comunidades Autónomas como Castilla y León o Castilla La Mancha.
“Lo que están haciendo algunas bodegas es alquilar viñedo durante 1 o 2 años en otras Comunidades. Pasado ese tiempo arrancan el viñedo y traen de fuera las autorizaciones para plantar en Galicia, con lo que además pueden tener derecho a subvenciones. Es una privatización encubierta de las autorizaciones de plantación y que sólo se pueden permitir las bodegas con capacidad económica”, advierte una fuente del sector.
-Problemas con el SIGPAC:
Otro obstáculo al que se enfrentan bodegas y viticultores es que para validar la solicitud de autorización de plantación de nuevo viñedo la superficie sobre la que se va a plantar debe tener cambiado su uso -por ejemplo, de forestal a viñedo- en el SIGPAC.
¿Cual es el problema? Que en el caso de Galicia este cambio de uso, que se realiza a través del FOGGA, está tardando entre 18 y 24 meses, lo que hace que las solicitudes sean en la práctica inviables.
Lo que proponen los consejos reguladores es que se pueda hacer la solicitud de cambio de cultivo al Servicio de Montes -de forestal a agrícola-, una vez hecho lo cual y previo compromiso del viticultor de realizar la tramitación del compromiso de uso con el SIGPAC, se pueda conceder el permiso de plantación. Cuando la plantación esté hecha se realizaría el cambio de uso en el SIGPAC.
