Español
En aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, el pago de la uva a los viticultores por parte de las bodegas deberá efectuarse en esta campaña, como máximo, 30 días después a contar desde el día de finalización de la entrega de la uva. El cumplimiento de esta norma será obligatorio para las ventas de uva superiores a 2.500 euros.
Así lo explicó ayer el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, que intervino en una jornada informativa con el sector vitivinícola para explicar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del vino y, en concreto, la Nota interpretativa elaborada por el Ministerio sobre la aplicación en los contratos de compraventa de uva de vinificación de los plazos de pago previstos en la citada Ley.
Según ha aclarado Herrero, la Nota interpretativa permite a los inspectores de AICA contar con criterios objetivos y claros a la hora de realizar sus inspecciones y comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. De no cumplir esta norma, las bodegas se enfrentan a sanciones de entre 3.000 y 100.000 euros.
Para Herrero, “el principal objetivo de esta Nota es aclarar la interpretación del cómputo de los plazos de pago en las operaciones de compraventa de uva de vinificación”. Según ha explicado, el pago del precio acordado “será de 30 días, que se empezará a contar desde el día de la finalización de la entrega de la uva”.
En Galicia el método de pago al viticultor por parte de la bodega vigente hasta ahora consistía en un pago a tres plazos: un 45% del importe se paga en el año natural (desde la entrega en septiembre hasta diciembre); un 30% se paga en abril del siguiente año y un 25% en junio.
Toda la uva deberá contar con un contrato
Además, el director de AICA ha subrayado que “en esta vendimia toda la uva entregada por los viticultores deberá contar con un contrato, un precio determinado o determinable, y ser pagada con un precio base, en un plazo máximo de 30 días”. De esta obligación, tanto de plazos de pago como de contratos, quedan exentas las cooperativas.
Miguel Herrero también ha anunciado que, coincidiendo con la próxima vendimia, AICA va a realizar inspecciones en el sector para comprobar la existencia de contratos en las operaciones de compraventa.
