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La Diputación de Pontevedra firmó este viernes un convenio de colaboración con la Asociación Galega de Viticultura (AGV) para mejorar la profesionalización de los viticultores de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Ribeiras do Morrazo» y crear vinos de calidad que puedan ser atractivos para los consumidores. El vicepresidente provincial César Mosquera y el presidente de la AGV Roberto Rivas Reboredo manifestaron la importancia de que los productores, especialmente gente joven que coja el testimonio de explotaciones actuales y aprovechen las potencialidades de las variedades autóctonas.
Según explicó Mosquera, el convenio tiene como objetivo prestar apoyo a los viticultores de ocho ayuntamientos de la provincia (Bueu, Cangas, Moaña, Marín, Vilaboa, Pontevedra, Poio y Redondela), ya que muchos de ellos quedaron fuera de la Denominación de Origen Rías Baixas a pesar de contar con uva de calidad. «La reconversión del sector llevó a que parte de la producción quedara comprometida. En lugares con variedades específicas y de poca extensión estas corrían serio riesgo de desaparición por el deterioro de la gestión y de la producción», explicó el nacionalista, para añadir que es preciso que exista apoyo institucional para potenciar y recuperar la zona ahora que hay una figura de protección como es la IXP Ribeiras do Morrazo.
De hecho, la intención del convenio entre Diputación y AGV -valorado en 40.000 euros- es sentar las bases de conocimiento y experiencia para que los productores puedan profesionalizarse y transformar sus explotaciones de forma que aprovechen la creación de la nueva indicación geográfica protegida como una apertura al mercado del vino, ofertando caldos con la personalidad propia de este territorio que sean interesantes para los consumidores.
Según explicó el presidente de la AGV, a día de hoy la vitivinicultura en los ocho ayuntamientos de «Ribeiras do Morrazo» vive problemas estructurales comunes al medio rural gallego: envejecimiento de la población activa, abandono de las explotaciones y cultivos, y de pérdida de superficie agraria útil dedicada a viñedo, bien por arranque y abandono, o bien por cambio de uso del suelo. Todo esto, dijo Rivas, «lleva consigo la pérdida de superficie de cultivo y de derechos, y consecuentemente a la reducción de la capacidad productiva y de desarrollo futuro tanto del sector productivo como del elaborador».
Rivas Reboredo agradeció el apoyo de la Diputación y reconoció que, una vez ya está aprobada la figura de protección de la IGP, «hay que seguir dando pasos adelante con la formación de los productores para intentar que no se pierda ni un metro de variedades autóctonas»: «Tenemos que fomentar nuevas bodegas que lleven nuestros vinos por el mundo y debemos hacer un plan de reestructuración potente para adaptar los viñedos a las variedades de la IgP, para lo cual precisamos apoyo técnico para dar empuje a la zona».
