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El secretario general de Unións Agrarias en la Denominación de Origen Rías Baixas, Manuel Ángel Dopazo, demandó ayer en rueda de prensa el apoyo por parte de la administración, y especialmente de la Xunta de Galicia, para que las bodegas de la denominación puedan cumplir con los plazos de pago a los viticultores que establece la Ley de la Cadena Alimentaria.
Dopazo recordó que «el propio presidente de la AICA -Agencia de Información y Control Alimentario- advirtió de que esta vendimia harán controles de oficio en las bodegas para verificar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria». La norma, establece que para las compras de uva por importe superior a los 2.500 euros las bodegas tendrán que firmar obligatoriamente con el viticultor un contrato en el que figurarán el precio y el plazo de pago. Este no deberá exceder los 30 días desde el fin de la entrega de las uvas, aunque, según avanzó Dopazo, «parece que para las Denominaciones de Origen se va a admitir un recurso presentado por las bodegas para que el plazo de pago cuente desde la calificación de la uva, que viene siendo como muy tarde el 10 de diciembre, con lo que nos situaríamos en el 10 de enero como fecha límite de pago».
Manuel Ángel Dopazo mostró su apoyo a estos plazos «ya que en los últimos años vemos como los viticultores cobramos cada vez más tarde, hasta dos años después de la entrega de la uva, e incluso constatamos como algunas bodegas se financian a costa de los viticultores».
«La administración no debe permitir que cierre ninguna bodega por no cumplir la ley»
El responsable de Unións Agrarias en Rías Baixas reconoce que «estos nuevos plazos de pago, de entre dos y tres meses después de la entrega de la uva en el caso de las DO, pueden provocar que las bodegas tengan dificultades financieras para hacerles frente».
En este sentido, instó a la Xunta de Galicia «a que ponga las medidas necesarias para que las bodegas puedan financiarse y cumplir la ley». Puso como ejemplo las líneas de financiación del IGAPE que hasta el 2013 le adelantaban el dinero a las bodegas para cumplir con los contratos homologados en el sector del vino.
“No queremos que ninguna bodega cierre por no poder cumplir la ley en lo relativo a los plazos de pago, y la Administración no debe permitirlo”, subrayó.
Por último, el secretario de Unións Agrarias en Rías Baixas recordó que «las sanciones de la AICA por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria van desde los 3.000 euros por cada viticultor, para las faltas leves, hasta los 100.000 para las graves.»
