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Los impagos que arrastran alrededor de 200 granjas gallegas por los impagos de media docena de primeros compradores continúan sin perspectivas de solución. Hubo pagos de parte de las deudas pendientes, pero se fueron acumulando nuevos meses sin abonar, por lo que la situación para las granjas es complicada.
Las organizaciones agrarias reclaman de las Administraciones la adopción de medidas que atajen el problema. «Hace año y medio que se difundió un borrador ministerial para regular los primeros compradores, que operan como intermediarios entre el ganadero y la industria, pero vemos que pasa el tiempo y que no se aprueban medidas, lo que apunta a una falta de voluntad política» -valora Javier Iglesias, de Unións Agrarias.- «Desde la Xunta también se había apuntado en febrero que podrían sacar una normativa autonómica si no lo hacía el Ministerio, pero no se le ven trazas», cuestiona.
Desde el sector se pide una regulación que obligue a los primeros compradores al depósito de avales o fianzas que permitan afrontar posibles impagos a las granjas. «Los problemas que generan los primeros compradores son endémicos, se agravaron con la crisis pero vienen de atrás. Hay un ‘modus operandi’ entre parte de los operadores que consiste en financiar su actividad a partir de impagos», señala Xabier Gómez, del Sindicato Labrego.
El Sindicato Labrego coincide con Unións en apreciar una falta de intención a la hora de regular la figura de los primeros compradores. También la Federación Rural Galega (Fruga) ha advertido de los problemas de impagos que están generando en el campo operadores como Lácteos Terra de Montes o Lácteos Ortegal.
Decreto en elaboración
El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha señalado esta primavera en varias ocasiones que continúa trabajando en el proyecto de decreto sobre primeros compradores. La posibilidad de exigirles un aval a estos operadores está sobre la mesa, si bien Agricultura advierte de que hay que encajar el texto legal en la normativa europea.
La cuestión, dicen, es que la Ley de Garantía de Unicidad de Mercado impide aplicar requisitos adicionales al ejercicio de cualquier actividad económica que no estén recogidos en la normativa comunitaria.
