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La presidenta de la Interprofesional Láctea (Inlac), Charo Arredondo, mantuvo ayer un encuentro en Santiago con un grupo de medio centenar de ganaderos y la dirección de la Leche del Sindicato Labrego Galego, organizador del acto.
Durante el encuentro, Arredondo, que es una ganadera cántabra que forma parte también de la ejecutiva de la organización agraria COAG, ligada al Sindicato Labrego Galego, abordó algunas de las cuestiones claves para el sector, como son los bajos precios que siguen dominando las relaciones comerciales entre granjas e industrias. Precisamente, Galicia y Cantabria son las dos comunidades en las que el precio medio de la leche es más bajo: 31,3 y 31,4 céntimos por litro respectivamente.
Arredondo reivindicó la necesidad de actuar ante esta situación, apuntando que «no sirve de nada debatir interminablemente sobre el tema si no se acuerdan soluciones para atajarlo». Por eso, la presidenta de la Inlac adelantó que convocará en septiembre a los diversos agentes que forman parte de la Inlac (organizaciones agrarias, cooperativas e industrias) para hablar de los precios y encontrar soluciones de consenso para que al menos las granjas puedan cubrir costes de producción.
Anular la norma que obliga a enterrar los purines
En el encuentro con los ganaderos también participó el investigador del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Ciam), Juan Castro, que abordó la normativa que obliga a las granjas de vacuno a enterrar los purines para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera.
En base a sus propias indagaciones y recopilación de datos, Castro indica que los principales emisores de amoniaco a la atmósfera en el Estado Español son comunidades como Castilla y León y Cataluña y, en concreto, el sector del porcino intensivo. Este último, es el responsable de casi el 44% de las emisiones de amoniaco en España, mientras que el vacuno de leche emite el 9’9%. Y aun dentro del sector de vacuno, las estadísticas no distinguen entre las ganaderías que siguen un modelo intensivo y las que optan por otro más sostenible en base a pastoreo, por lo que el dato también podría variar.
Castro apunta que hay otras buenas prácticas en el sector que son más efectivas que los inyectores
Desde este punto de vista, el investigador no entiende que en la Política Agraria Común (PAC), España haya forzado la introducción del deber de aplicar los purines enterrándolos con inyectores, cuando la Unión Europea no obligaba a eso, y cuando los datos indican que las granjas que tendrán que acometerlo son las más sostenibles y que menos emisiones causan.
Castro explicó que aún se está a tiempo de impedir la aplicación de esta normativa, no vigente en ningún otro país de la Unión Europea, pero el investigador refirió que, por ahora, sólo encontró la desidia del Ministerio de Agricultura -que ni siquiera tiene una guía de buenas prácticas para minimizar la emisión de gases para el sector lácteo- y de la Xunta, que no presentó alegaciones a la norma.
El investigador argumenta que enterrar purines con el objetivo de disminuir las emisiones de amoniaco no tiene ninguna base científica. Castro aludió a otras buenas prácticas en el sector -como pasar la grada de discos cuando se echa el purín, o extenderlo cuando llovizna-, que son más efectivas que los inyectores, maquinaria que ya adquirieron en el CIAM para probarla y que en los test realizados quedó demostrada su ineficacia.
