Parroquias prioritarias que deben ejecutar franjas de protección contra incendios

Medio Rural define una serie de criterios para emprender la defensa de los núcleos de población frente a los fuegos forestales. Anuncia que negociará un acuerdo con los municipios para apoyarlos económicamente en los trabajos

Parroquias prioritarias que deben ejecutar franjas de protección contra incendios

Un agente medioambiental coloca un aviso en una parcela relativo a la creación de franjas de protección. / Archivo.

La ola de fuegos del pasado otoño, que causó cuatro muertes y daños en 158 viviendas, está cambiando el ‘chip’ en Administraciones y propietarios forestales. La Lei de Prevención de Incendios regula desde 2007 las franjas de protección contra el fuego que deben tener los núcleos de población, pero es ahora cuando Xunta, Concellos y propietarios comienzan a tomarse la tarea en serio. Medio Rural ya ha definido una serie criterios para determinar en qué parroquias habrá que priorizar los trabajos.

El director xeral de Ordenación y Producción Forestal, Tomás Fernández Couto, anunció hoy que negocia un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias para apoyar a los Concellos en la creación de las franjas de protección. Las prioridades de actuación marcadas por Fernández Couto apuntan a las 77 parroquias de alta actividad incendiaria que hay en Galicia y a todas las parroquias en las que se hayan declarado incendios de nivel 2 -con peligro para casas y personas- en los últimos diez años, con mayor atención, en primero término, a los fuegos del pasado año.

La Xunta prioriza la prevención en parroquias de alta actividad incendiaria o que hayan estado afectadas por incendios de nivel 2

Otro criterio a considerar es el de las parroquias de las costas coruñesa y de Pontevedra expuestas a los vientos del Noreste y que presenten una actividad incendiaria tradicional. “Este es el planteamiento y la idea es que de manera progresiva, en los próximos años, haya un número cada vez mayor de parroquias y Concellos que acometan la creación de franjas de protección”, valoró Fernández Couto.

La estrategia a seguir, desde la perspectiva de Fernández Couto, pasa por el diseño de planes municipales de defensa contra incendios forestales, en los que se debe planificar la delimitación de las franjas de protección.

Legislación
La normativa autonómica establece que en torno a núcleos de población y viviendas aisladas deberá crearse una franja de protección de 50 metros, que tendrá que estar desbrozada a 30 de mayo de cada año y libre de pinos, eucaliptos y acacias. Sí pueden existir frondosas caducifolias (castaños, cerezos, etc.), siempre que haya una adecuada separación entre los árboles, con una densidad inferior a 200 pies por hectárea.

“Es preciso promover que estas medidas se realicen en la práctica” -señaló hoy en rueda de prensa Fernández Couto.- “Este año cambiamos la legislación a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para facilitar la vía de la ejecución subsidiaria por parte de las Administraciones. Como muchas veces es difícil localizar al propietario de una parcela por cuestiones de partillas o herencias sin dividir, se podrán publicar esas parcelas con su referencia catastral en el Diario Oficial de Galicia para darle 15 días de plazo a los propietarios. En caso de que no se subsane la situación, hay posibilidad de sanciones y de la retirada del arbolado por parte de las Administraciones, con decomiso de la madera cortada”, señala el director xeral.

Vías de comunicación
Medio Rural apunta también que está en contacto con las empresas concesionarias de autopistas, vías férreas y redes eléctricas para que mantengan limpio de biomasa el terreno exigido por la normativa. Fernández Couto recuerda que también los propietarios forestales tienen que respetar un espacio libre de vegetación en relación a la franja de dominio público de estas infraestructuras.

“A autopistas y carreteras, la distancia en el caso de pinos y eucaliptos tiene que ser de 10 metros” -recordó.- “En ríos con un ancho superior a 2 metros también hay que dejar a cada lado 15 metros sin pinos y eucaliptos. Esto tiene que ver con la creación de discontinuidades en el territorio y con reducir los riesgos de propagación de fuegos de copas”, explicó.

Críticas al Plan de Defensa contra Incendios 2018

La Xunta presentó hoy ante el Consello Forestal de Galicia el documento del Plan de Defensa contra Incendios 2018 (Pladiga), en el que anuncia novedades en relación al pasado año. Medio Rural destaca que este año incorpora 34 cámaras al dispositivo de vigilancia, que se suman a las 44 torres operativas con personal. En extinción, habrá 30 medios aéreos y 5.700 personas. Desde el sector forestal se asistió al Consello Forestal con la resignación de “escuchar lo mismo de todos los años”, según se señala desde las organizaciones del sector.

El conjunto del sector hizo una declaración conjunta en el Consello Forestal en la que demandó, un año más, cambios en el Pladiga. Se pidió un Plan con una evaluación de resultados del año anterior, pues en el Pladiga 2018 “no hay mención a la ola de fuegos del 2017”. El sector también echa de menos un análisis de las características de las superficies afectadas por los fuegos en lo tocante a cuestiones como la propiedad y gestión o las especies y usos dominantes.

Pidieron además que se haga un balance de daños de los incendios del año anterior, tanto a nivel económico como ambiental, incluyendo una valoración de los costes de restauración de los espacios afectados. En cuanto a la persecución de los incendiarios, se demandó igualmente un seguimiento de la Xunta de las detenciones y condenas producidas.

“Es una falsedad decir que queremos privatizar los montes vecinales”

Tomás Fernández Couto.

Tomás Fernández Couto.

El director xeral de Ordenación e Producción Forestal, Tomás Fernández Couto, aprovechó la rueda de prensa de presentación del Pladiga para defenderse de las críticas que está recibiendo de la Organización Galega de Comunidades de Montes. La legislación permite desde este año que los montes vecinales que sean declarados en estado de grave abandono puedan ser cedidos durante 50 años por medio del Banco de Terras. La Organización Galega interpreta esta normativa como una “privatización encubierta”.

Desde la perspectiva de Fernández Couto, las acusaciones de privatización son una falsedad. “Aprovechan que el Pisuerga pasa por Sevilla, no por Valladolid, para crear confusión” -valora-. “Si un monte lleva 20 años sin junta rectora activa es que está en un abandono absoluto y tenemos que actuar. La cesión de 50 años por medio del Banco de Terras no tendrá porque ser a una empresa. Puede ser a otro monte vecinal, a una asociación de propietarios o a una cooperativa”, detalló.

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