Montes privados, ¿uso público?

El conflicto entre ciclistas y comunidades de montes por la colocación de obstáculos en los caminos abre el debate sobre la utilización libre del territorio. Las organizaciones de propietarios reivindican un respeto a sus derechos y abogan por la busca del diálogo y el consenso sobre las prácticas recreativas

Montes privados, ¿uso público?

Las comunidades de montes pueden restringir el paso en vías privadas a través de carteles, vallados y cierres. / Imagen: Asociación Forestal de Galicia.

El aumento de las prácticas recreativas en el monte por parte de ciclistas, motos, quads y vehículos todoterreno está generando tensiones entre usuarios y propietarios del territorio. El enfrentamiento llegó al punto de que los ciclistas denuncian la colocación de obstáculos en los caminos e incluso trampas como cables o tablas con puntas. Por parte de las organizaciones de propietarios, hay una condena a esas prácticas “punibles”, pero se defiende el territorio como privado o como comunitario. Los colectivos de propietarios cuestionan, en su mayoría, el derecho de uso público. ¿Puede usarse el territorio libremente?

En primer lugar, la cuestión exige diferenciar entre caminos públicos o servidumbres de paso públicas, de uso libre, y caminos privados, de uso particular o vecinal. La distinción entre unos y otros normalmente no queda clara para el usuario del monte, salvo en caso de que haya vallados o carteles que adviertan de los usos autorizados y prohibidos.

Postura de comuneros y cazadores
El principal foco de conflicto radica en las comunidades de montes vecinales, sobre todo en las que se sitúan en áreas con mucha presión poblacional, caso de las Rías Baixas. Los colectivos de propietarios defienden el monte vecinal y sus caminos como de titularidad comunitaria. “El uso del monte tiene que estar autorizado por los titulares de las tierras. Usarlo sin autorización es un acto de invasión y de ocupación ilegal”, consideran la Organización Galega de Comunidades de Montes (Orgaccmm) y la Unión de Tecores de Galicia (Unitega), que ayer emitieron una nota de prensa para pronunciarse sobre la cuestión.

Los comuneros entienden que se precisa una autorización explícita del monte vecinal al uso de sus tierras para prácticas recreativas: “Estos usos tienen que estar reglamentados y autorizados por los titulares de las tierras; como ya sucede con los aprovechamientos ganaderos, cinegéticos o de custodia del territorio”, consideran la Organización Galega de Comunidades de Montes (Orgaccmm) y Unitega.

Ambos colectivos advierten de problemas en la práctica, como los paseos con perros sueltos por el monte en la época de cría de la fauna, al final de la primavera e inicio del verano; en tanto en ese mismo periodo los entrenamientos con perros de caza están prohibidos, comparan. Unitega y Orgaccmm piden una campaña de publicidad de la Xunta para formar a los potenciales usuarios del medio rural sobre los derechos de los propietarios de las tierras en las que desarrollan sus actividades de ocio.

Regulación del paso
Desde la Asociación Forestal de Galicia (AFG) se incide también en que muchos caminos que hay en el monte, sobre todo en los montes vecinales, son de titularidad privada, por lo que la entidad considera legítima la colocación de obstáculos o barreras -que no de trampas- para restringir el uso de los caminos por personas no autorizadas.

La AFG recuerda además que la Lei de Montes de Galicia faculta a los titulares de pistas forestales privadas a prohibir el paso de vehículos de motor, cuando así se señalice expresamente. Conviene tener en cuenta también que la legislación prohíbe el uso de vehículos de motor fuera de carreteras, caminos y pistas forestales.

En cuanto al paso de bicicletas, la Asociación Forestal aboga por la apertura de un diálogo entre ciclistas y comunidades de montes en cada caso. “Lo deseable es que los ciclistas transiten por pistas o senderos habilitados a tal fin, contando con el consentimiento de la comunidad propietaria. Para esto -propone la organización- es necesario conocerse y dialogar para llegar a una solución razonable. Lo que no puede admitirse es que el acceso por caminos privados a los montes se realice de manera “furtiva”, sin que los practicantes de estos deportes se informen ni pidan autorización de los legítimos propietarios”.

Los riesgos que lleva consigo la presencia no conocida de personas y vehículos en el monte durante trabajos silvícolas, días de caza o en las simples visitas de los propietarios a sus tierras es otra de las cuestiones sobre las que incide la AFG, que recuerda también la erosión que sufren las tierras por el paso de vehículos y las molestias que se causan entre la fauna.

El director de la Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans, pide el respeto de los usuarios del monte a la propiedad privada. “En Galicia hay una costumbre de dejar hacer en cuanto al acceso al monte, pero esa situación no puede llevar a que la gente piense que todo el territorio es propiedad pública porque no es así. Es precisa una educación en el respeto a la propiedad”, defiende. Dans extiende los problemas que se generan en el monte por el paso de vehículos a motor o ciclistas a otras actividades relacionadas con un uso público del territorio, como la caza o la busca de setas, que considera que entran en conflicto con los derechos de los propietarios.

Función social del monte
Otro de los colectivos que representa a propietarios forestales, la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), es partidario de un acceso público al monte siempre que no esté prohibido de manera explícita.

“Con carácter general, si una comunidad de montes gestiona caminos privados y quiere restringir el paso, puede colocar vallados, puertas o carteles para señalizar las prohibiciones. Si no lo hace, el paso por los caminos, sobre todo para personas a pie, hay que entenderlo como libre, salvo en verano en zonas con riesgo de incendios, una cuestión que se regula en la Lei de Montes. Pretender otra cosa sería una barbaridad”, valora Jacobo Feijoo, de Asefoga. Feijoo aboga también por abordar los conflictos particulares de manera individualizada, caso por caso.

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