Medio Rural se retirará de dos tercios de los montes vecinales conveniados

La Consellería gestiona en la actualidad 315.000 hectáreas por medio de acuerdos con las comunidades propietarias, pero quiere desentenderse de 100.000 hectáreas en los próximos diez años y de otras 100.000 en la siguiente década

Medio Rural se retirará de dos tercios de los montes vecinales conveniados

La despoblación de determinadas comarcas del interior agrava los problemas de gestión de montes vecinales.

La mitad de la superficie del monte vecinal gallego es gestionada en la actualidad por la Xunta a través de convenios con las comunidades propietarias, pero ese panorama cambiará en los próximos años. La Administración autonómica quiere dejar 200.000 de las 315.000 hectáreas que maneja, según revela en el borrador del Plan Forestal de Galicia. La previsión de la Xunta pasa por retirarse de 45.000 hectáreas en los primeros cinco años de vigencia del Plan, a 55.000 en los siguientes cinco años y a 100.000 en el decenio siguiente.

Los actuales convenios de la Administración con los montes vecinales, que nacieron con el objetivo de paliar la falta de recursos de las comunidades de montes, expiran el 31 de diciembre del 2021. La Administración ha anunciado que sustituirá esos convenios por un contrato temporal de gestión pública, pudiendo optar las comunidades de montes por firmar ese contrato o por retomar el control del monte.

Los actuales convenios expiran a finales de 2021. Medio Rural los sustituirá por contratos temporales de gestión, aún sin definir

El grupo de trabajo que elaboró las directrices para el Plan Forestal, constituido por representantes de asociaciones del sector, abogaba por mantener la gestión pública de los montes conveniados, con la precisión de que era necesario mejorar esa gestión.

La Xunta, sin embargo, da a entender en el borrador del Plan Forestal que carece de medios suficientes para cumplir con la condición de lograr una buena gestión, por lo que proyecta reducir su papel en el manejo de los montes vecinales en los próximos 20 años. «La superficie destinada a la gestión pública deberá estar acorde con la capacidad de cada Distrito en función de los medios y recursos disponibles», señala la Administración.

Hay consenso en la necesidad de gestionar montes vecinales abandonados, pero discrepancias en el cómo

Medio Rural considera que los principales montes susceptibles de gestión pública serían «montes en estado de grave abandono o montes descapitalizados o desintegrados», es decir, aquellos que precisen de recursos o dirección operativa para su puesta en producción.

Gestión de los montes en abandono

El tema de los montes en estado en grave abandono es uno de los asuntos pendientes de resolución. El borrador del Plan Forestal apunta que habrá que establecer «criterios objetivos» para identificar los montes en estado de grave abandono. En el sector forestal, hay consenso sobre la necesidad de la puesta en producción de aquellos montes vecinales que estén sin uso y sin una comunidad que se haga cargo de su gestión. Las discrepancias están en el cómo gestionar esos montes.

En el Plan Forestal, Medio Rural considera esas superficies susceptibles de una gestión pública, si bien en la ley de acompañamiento a los presupuestos del 2018, la Xunta prevé que los montes vecinales en estado de abandono pasen al Banco de Terras, pudiendo terceros asumir su gestión por un periodo de 50 años.

«Entregarle un monte vecinal durante 50 años a una empresa sólo busca una cosa, que se pierda la memoria de la existencia de la comunidad de montes» (Xosé Alfredo Pereira)

Desde la Organización Galega de Comunidades de Montes, consideran que existe una contradicción entre ambos documentos. «Se presenta un borrador del Plan Forestal que habla de una gestión pública de los montes en estado de grave abandono, pero simultáneamente la Xunta promulga una ley en la que decide que van a pasar al Banco de Terras para su explotación por empresas privadas», señala el presidente de la Organización, Xosé Alfredo Pereira. «No es serio que se diga una cosa y que ya se esté haciendo otra», critica.

La cuestión de fondo, la reducción de la gestión pública sobre el monte vecinal, es interpretada por Pereira como un intento de «favorecer a determinadas empresas privadas» y de «llegar a cambiar la titularidad del monte, de vecinal a privado».

El presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes es especialmente crítico con la medida diseñada para la gestión de los montes vecinales en estado de grave abandono: «Que se quiera entregarle un monte vecinal a una empresa por un periodo tan largo, 50 años, sólo tiene un objetivo: que se pierda la memoria de la existencia de una comunidad de montes», cuestiona.

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