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La Asociación Forestal de Galicia ha mantenido un encuentro con el director xeral de Ordenación y Producción Forestal, Tomás Fernández Couto, para abordar, entre otras cuestiones, el problema de los vertidos ilegales en los montes.
El colectivo recuerda que la legislación vigente convierte a los propietarios forestales en responsables de los vertidos, cuando lo normal es que no sean culpables, sino víctimas. El coste económico de la eliminación de residuos en los montes y el pago de las correspondientes sanciones ha llegado a representar hasta 10.000 euros en un año para alguna comunidad de montes, según asegura la Asociación Forestal de Galicia.
Desde los colectivos de propietarios llevan años solicitando la eliminación de la normativa de sanciones a la propiedad. “Dada la enorme proliferación de los vertidos ilegales en los montes y la gravedad de los problemas ambientales que producen, también sería deseable una mayor dedicación policial a la identificación de los responsables de este delito”, valoran.
El director general, según la Asociación, se comprometió a revisar la legislación vigente para que, en el futuro, el propietario del monte que sufre vertidos ilegales no sea declarado responsable de los mismos.
Asadores en espacios recreativos
Otra cuestión abordada en la reciente reunión que mantuvo la Asociación Forestal con Fernández Couto es la de los asadores en los montes. En la época de alto riesgo de fuegos, la Xunta prohíbe la realización de barbacoas en los espacios recreativos y parques forestales de los montes gallegos. Esa legislación viene suscitando periódicas quejas, sobre todo en las áreas periurbanas de las Rías Baixas, como Vigo, donde la Asociación Forestal de Galicia calcula que cada fin de semana alrededor de 10.000 personas acuden a los parques forestales de los montes vecinales.
Medio Rural avanzó en junio de este año su intención de permitir instalaciones específicas, que se autorizarán de manera individual, para hacer las barbacoas en los meses de alto riesgo de fuegos. La Xunta anunció su intención de que los primeros asadores legales puedan funcionar en el 2018 en puntos como Vigo o el entorno del lago Castiñeiras, en Marín. Entre los requisitos que valoraba la Xunta para las nuevas instalaciones, figuraba la obligatoriedad de contar con tres paredes y una base que las aislara de la tierra.
La Asociación Forestal de Galicia es partidaria de que se aprueben infraestructuras que sean una adaptación de las existentes, evitando estructuras nuevas que implicarían mayores gastos y costes de mantenimiento. Solicita también que se tenga en cuenta el entorno en el que se ubica el asador. Por parte de Medio Rural, se insistió en que los asadores deben contar con seguridad suficiente para evitar el riesgo de fuegos y se señaló que se aprobarían de manera individual.
El colectivo de propietarios forestales, por último, pidió que haya un catálogo público de las instalaciones que se vayan aprobando, a fin de que sirvan de modelo para adecuar las propuestas a modelos ya autorizados.
