La Xunta proyecta incorporar al Banco de Terras montes vecinales en abandono

El presidente de la Administración autonómica, Alberto Núñez Feijoo, anunció hoy en el Parlamento una treintena de medidas orientadas a luchar contra los incendios. Prevé que haya dos agentes por Distrito para controlar los incumplimientos de la legislación de montes

La Xunta proyecta incorporar al Banco de Terras montes vecinales en abandono

La Xunta ha presentado una batería de medidas con las que busca prevenir los incendios.

En Galicia, alrededor del 10% del monte vecinal, unas 70.000 hectáreas, permanece en estado de abandono, según los datos que maneja la Xunta. Se trata de comunidades de montes que están inactivas, bien porque nunca tuvieron juntas rectoras en algún caso, bien porque la despoblación o la falta de relevo generacional las dejaron fuera de juego. La Administración proyecta ahora incorporar estas comunidades al Banco de Terras para su puesta en producción.

La legislación de montes vecinales ya permitía que la Xunta declarara montes vecinales en estado de grave abandono, paso previo a asumir temporalmente su gestión, pero nunca hasta el momento se había echado mano de esta posibilidad, que se venía reivindicando desde hace años por parte del sector agrario y forestal. El Gobierno gallego prevé ahora, tras la última ola de fuegos, activar la declaración de grave abandono en los montes vecinales que carezcan de gestión.

Esos montes en grave abandono pasarán a ser incorporados de manera temporal al Banco de Terras, siempre y cuando no haya una junta rectora dispuesta a hacerse cargo del monte y a gestionarlo. En cualquier caso, si en un futuro se crea y se activa esa junta rectora, podrá recuperar el control del monte.

Esta fue una de las medidas contra los incendios anunciadas hoy en el Parlamento gallego por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que desgranó una treintena de propuestas ligadas a la prevención, ordenación y dinamización del monte. Parte de ellas ya se habían anunciado con anterioridad.

Propiedades particulares
Feijoo también señaló que aquellas fincas particulares que estén sin propietario conocido o ilocalizable podrán pasar de forma cautelar al Banco de Terras, en tanto se investiga su titularidad. Cifró estas propiedades en 300.000, si bien el minifundio rústico tradicional en Galicia -salvo en las zonas de concentración parcelaria- abre interrogantes sobre las posibilidades reales de aprovechar esas parcelas.

Otras de las propuestas del presidente de la Xunta son las siguientes:

Prevención
– La Xunta negociará un acuerdo económico con los Concellos para incentivar la limpieza de las áreas de monte que circundan los núcleos de población. El objetivo es que los propietarios puedan delegar en el Concello el desbroce básico de sus parcelas a un precio fijo y que las Administraciones cubran la parte restante en los casos en que sea preciso.

– Anuncio de un plan (Aprol Rural 2018), dotado con 7 millones de euros, para que los Concellos del rural contraten personal dedicado a tareas de silvicultura, limpieza de montes y otros trabajos forestales. La Xunta quiere aumentar también las 195 brigadas forestales municipales que funcionaron este año.

– Se crearán fajas de protección -pendientes de concretar- en torno a las subestaciones eléctricas e instalaciones de telecomunicaciones (como antenas de telefonía móvil).

– Se obligará a la gestión de la biomasa en torno a las viviendas en suelo rústico, aunque estén a más de 400 metros del monte.

– Se ampliarán las limitaciones en las llamadas fajas secundarias de monte en torno a los núcleos de población, es decir, en las áreas de monte más próximas la zonas habitadas. Hasta el momento, con carácter general, se permitía tener pinos y eucaliptos hasta a 30 metros de los núcleos o de casas aisladas. La Xunta proyecta ahora que de los 30 a los 50 metros, pinos y eucaliptos tengan que guardar una distancia entre sí de 10 metros. También prevé endurecer la normativa en zonas de especial riesgo, por factores como “viento” o “altitud”.

Habrá que esperar por la concreción del anuncio de Feijoo para analizar el cambio normativo, si bien hasta el momento el control de oficio sobre el cumplimiento de la Lei de Montes en lo tocante a las fajas de protección fue escaso.

– El presidente de la Xunta anuncia ahora que se crearán Equipos de Vigilancia de Incumplimientos para velar por la aplicación en la práctica de las medidas incluidas en la normativa forestal y de defensa contra incendios. Estos equipos serán los encargados de hacer cumplir las distancias de seguridad que debe haber entre arbolado con vías de comunicación y núcleos habitados. También localizarán parcelas abandonadas o que incumplan la normativa. Habrá dos agentes destinados a este fin en cada uno de los 19 distritos forestales de Galicia.

– La Xunta destinará un mínimo de 3 agentes por distrito forestal para investigar las causas de los fuegos. Formarán parte de los llamados Equipos Forestales de Investigación, que sustituirán a las actuales Brigadas de Investigación de Incendios.

Ordenación del monte y dinamización
– Creación de planes de ordenación a nivel de Distrito Forestal. El objetivo es tener para los montes unos planes semejantes a los planes urbanísticos de los ayuntamientos, según señala la Xunta. Se quiere comenzar en el 2018 por los 9 distritos de Ourense y Pontevedra, por ser los que concentran mayores fuegos.

– Se anuncia un plan de actuaciones de mejora de las zonas de pastoreo extensivo en las provincias de Ourense y Pontevedra. Feijoo señaló que las zonas de actuación incluirán todas las sierras y terrenos forestales con aprovechamientos ganaderos extensivos de relevancia. La Xunta señala que las infraestructuras a diseñar incluyen cierres ganaderos, mejora de accesos, mangas de manejo del ganado, pasos, comederos, bebederos, etc.

– Modificación de las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor), la figura promovida por la Administración autonómica para incentivar el asociacionismo forestal. Desde la aprobación de la Lei de Montes, en el 2012, sólo se constituyeron 5 Sofor en Galicia. La Xunta anuncia ahora que quiere flexibilizar su normativa, mejorar su fiscalidad y facilitar la entrada de nuevos inversores.

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