Español
El director general de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, compareció este jueves en la comisión séptima de Agricultura, Alimentación, Ganadería y Montes del Parlamento gallego y recordó que todas las administraciones tienen competencias en mantenimiento de las faranjas de gestión y del cumplimiento de las distancias de plantaciones se refiere. Así, señaló además que este año se modificó la normativa para facilitar la actuación en aquellas parcelas en las que los propietarios incumplen sus deberes.
En concreto, ahora la legislación permite a las administraciones (tanto ayuntamientos como Xunta, según la competencia de cada una) entrar en un predio y desbrozarlo de manera subsidiaria tan solo 15 días después de que el aviso sea publicado en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. De este modo, se desbloquea el problema administrativo con el que se encontraban las instituciones para actuar cuando el propietario no lo hacía.
En caso de que lo que se incumpla sean las distancias de las plantaciones el plazo se amplía a dos meses y la administración, tanto ayuntamientos como Xunta, también podría decomisar las especies arbóreas que estén en situación ilegal.
Reparto de competencias
Respecto al reparto de competencias entre administraciones, Fernández-Couto señaló que esta distribución no es nueva, sino que data del año 2007. «En ese momento se estableció que son las instituciones locales las responsables de la vigilancia de las franjas secundarias (aquellas que tienen por función proteger de los incendios los núcleos de población) y de actuar de manera subsidiaria en caso de que el titular del terreno no intervenga. Es el Gobierno autonómico, en cambio, el competente en las franjas primarias (carreteras y líneas ferroviarias) y terciarias (forestales)», recordó.
De este modo, el responsable de Ordenación Forestal incidió en que ninguna administración puede eludir sus responsabilidades sino que, muy al contrario, todas deben «ponerse las pilas» para garantizar el cumplimiento de la ley. «No hablamos de una cuestión de paisajística abierta a debate, es una cuestión de seguridad. Donde vive la gente el concepto de peligro no puede existir», declaró. Por ese motivo apeló a la «responsabilidad» de toda la sociedad para que cada uno actúe en sus terrenos.
Respecto a la posibilidad de sanción, insistió en que objetivo no es recaudatorio, «de ahí que se apostara por los apercibimientos a los propietarios». De hecho, indicó que «los distritos forestales disponen de hasta 19.000 carteles para advertir de las plantaciones que no mantienen las distancias establecidas en la ley». Fernández-Couto explicó que lo que se pretende es garantizar que en caso de incendio las llamas no lleguen a los núcleos de población ni viviendas aisladas y, por otro lado, tener «recursos, opciones y posibilidades para atajar los fuegos a través de las infraestructuras del terreno».
Ayudas a los ayuntamientos
En todo caso, Tomás Fernández Couto recordó que desde la Xunta de Galicia siempre se colaboró con los municipios para facilitar estos trabajos a través de los convenios de prevención y defensa contra los incendios forestales a lo que cualquier ayuntamiento se puede unir. «Gracias a estos acuerdos pueden contratar brigadas, conductores de motobomba y desbrozar a través de una subvención de la Consellería de Medio Rural», aseguró.
Además, el director general destacó que en los últimos años se incrementó la colaboración a través de diferentes fórmulas, como la de los tractores para el desbroce y con el convenio propuesto a la Fegamp con un presupuesto de seis millones de euros para el primer año abonados íntegramente por el Gobierno gallego.»Con esta aportación podrán trabajar en los espacios de su competencia», subrayó.
Por último, destacó que la Consellería de Medio Rural está poniendo en marcha también un visor web para la identificación de las redes secundarias de franjas de gestión de biomasa a través del empleo de nueva tecnología. Será de acceso público y comenzará en aquellos ayuntamientos con planes generales de ordenación municipal adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística.
