La Xunta cargará costes de extinción de incendios sobre propietarios infractores

La ley de acompañamiento de los presupuestos establece que la Administración procederá de oficio contra las parcelas que no respetasen la distancia de arbolado a viviendas o vías de comunicación. Indignación entre colectivos de propietarios forestales

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La Xunta cargará costes de extinción de incendios sobre propietarios infractores

Incendio este otoño cerca de las viviendas, en Baiona.

La ley de acompañamiento de los presupuestos de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, ha dejado una sorpresa mayúscula para el sector forestal. La Xunta legisló para cargarle costes de extinción de incendios a propietarios que incumplan la normativa forestal. La medida se le aplicará a titulares de terrenos afectados por un fuego y que hubiesen incumplido previamente su deber de gestionar el matorral o retirar árboles próximos a vías de comunicación o núcleos habitados.

Como ya viene siendo habitual, la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, que acompañó a los presupuestos 2018 de la Xunta, se aprovechó para modificar una serie de cuestiones relativas a la normativa forestal. La mayoría de los cambios ya eran conocidos, pero la decisión de repercutir costes de extinción sobre propietarios cogió de sorpresa a las asociaciones del sector forestal, que no habían sido consultadas previamente.

La medida, que se hace por medio de un cambio en la Lei 3/2007 de Prevención de Incendios Forestais, suscitó ayer reacciones de indignación en parte del sector. La Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), un colectivo de propietarios ligado a Unións Agrarias, habla abiertamente de “burla y falta de respeto a la realidad del rural”. “Estamos ante una medida que nace con la idea de quedar bien ante la sociedad urbana, pero que desprecia la realidad del rural”, critica el responsable de Asefoga, Jacobo Feijoo.

“Si en el rural hay problemas para gestionar adecuadamente el monte es porque hay abandono, despoblación y gente mayor. El objetivo de la Xunta debería ser la generación de actividad productiva, pero ¿qué hizo en los últimos ocho años la Admnistración para incentivar la agrupación de la gestión forestal? Nada. En lugar de trabajar para generar actividad, nos encontramos con este disparate, que además generará arbitrariedad en las decisiones que tomen los agentes forestales”, pronostica Jacobo Feijoo.

Contexto
La Administración ya había incluido en los dos últimos Planes de Defensa contra Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) la posibilidad de investigaciones post-incendio para sancionar a los propietarios que hubiesen infringido la normativa forestal. Ahora, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, se da un paso más y se legisla para cargar costes de extinción sobre propietarios que incumplan la normativa relativa a distancias, así como sobre personas titulares de parcelas concentradas que estén en estado de abandono.

La legislación estipula que los costes de extinción se repercutirán siempre que de la investigación post-incendio se desprenda que los incumplimientos de los propietarios influyeron en la “producción, en la propagación o agravación de la intensidad y daños provocados por el incendio forestal (?) Los gastos se repercutirán a las personas mencionadas en proporción a la contribución de los incumplimientos que les sean imputables”.

Asefoga considera un “disparate” la medida, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia. “Si le van a cargar costes de extinción a propietarios, que no habrá que hacer con la Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal y con el personal de los Distritos Forestales, que entran en cada campaña de incendios sin ejecutar ningún tipo de medidas de prevención en los montes conveniados?, se pregunta el responsable de Asefoga, que concluye con un dato: “Este año entramos en el mes de agosto en la provincia de Ourense con menos de un 30% de las acciones de prevención licitadas. Con ese expediente, quieren multar y cargarle costes de extinción a los propietarios?”.

Feijoo matiza que está de acuerdo en controlar las distancias de arbolado y matorral a viviendas y núcleos de población, para lo cual ya hay -dice-, una legislación suficiente: “Por supuesto que hay que defender las casas. Pero ya existe una.legislación que por un lado obliga y sanciona al.propietario.en caso de incumplimiento y por el otro obliga a limpiar forzosamente a la Administración en caso de que el propietario no lo haga. Entonces, si hay vegetación que amenaza las casas sería por descuido del propietario y descuido de la administración que no hace la ejecución forzosa, y esta nueva norma no añade nada nuevo”.

Por último, el responsable de Asefoga apunta a la situación de amplias comarcas del interior: “Si dejamos las casas y nos metemos en el monte, hay comarcas y ayuntamientos enteros que técnicamente estarían en grado alto de incumplimiento de la ley, por el abandono y falta de inversiones. “¿Se le va a hacer pagar la extinción de estos ayuntamientos enteros a sus habitantes y a la gente mayor que bastante tiene con ir tirando con una pensión? Esta es la realidad social que tenemos y lo que hace la Xunta es legislar hacia la galeria y no querer enfrentar los problemas de fondo”.

cartel distancias arborado axente forestal

Campaña de control de las distancias del arbolado

Medio Rural ha iniciado en el último trimestre del año una campaña para el control del arbolado al lado de las carreteras, de cara a que se cumplan las distancias reglamentarias, que establecen para el caso de las plantaciones de pino y eucalipto una franja de 10 metros libre de vegetación, que se reduce en pistas forestales principales a 4 metros. Desde octubre, la Consellería señala que lleva inspeccionados 85 predios, de los que 43 ya han corregido las infracciones.

La actuación se inició en la provincia de A Coruña, con un trabajo de campo que incluyó la señalización con un cartel indicando las plantaciones que estaban cometiendo ilegalidades, a fin de que sus propietarios procedan a corregir la situación. El aviso público trata también de generar pedagogía en el entorno, para que haya conocimiento sobre la normativa.

Los propietarios afectados tienen un plazo de actuación, señalado en el propio cartel, hasta que los técnicos de la Xunta vuelvan a inspeccionar la zona. Respecto a los resultados, de las 85 parcelas identificadas, se corrigieron ya las infracciones en 43 de ellas. En otras ocho se está trabajando en la actualidad y otras seis tienen ya denuncias en tramitación. En las 28 restantes se está hablando con los propietarios para resolver la situación.

Estas nuevas actuaciones continuarán en el 2018 y se extenderán a toda Galicia, según la Consellería de Medio Rural, que señala que desde 2012 abrió más de 5.000 expedientes por incumplimiento de las normativas ligadas al sector, de los que 1.500 acabaron en multa.

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