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Tres de cada diez comunidades de montes de Galicia está sin actividad, según los cálculos de la Xunta. Son un millar de comunidades, de las 3.300 que hay en Galicia, si bien su peso en superficie es escaso. Suman alrededor de 70.000 hectáreas, apenas un 10% del total de la superficie vecinal en mancomún. El debate sobre que hacer con estos terrenos abandonados se volvió a abrir en unas jornadas sobre la situación de los montes vecinales que ha organizado el Consello da Cultura Gallega.
La legislación autonómica prevé que la Xunta pueda asumir la gestión temporal de los montes vecinales que se declaren en estado de grave abandono, en tanto no exista una comunidad constituida dispuesta a asumir la gestión de los terrenos. La cuestión es que en la práctica, esa posibilidad no se está aplicando.
Hay 290 comunidades de montes, con un total de 20.000 hectáreas, que nunca han dado señales de vida ante la Administración
De las 1.000 comunidades que desde la Xunta se calcula que están sin actividad, hay 290, con un total de 20.000 hectáreas, que nunca dieron señales de vida ante la Administración. No consta que tuvieran nunca ni estatutos ni censo de comuneros ni junta rectora, según los datos expuestos en las jornadas por el jefe del servicio de montes vecinales en mancomún y estructuras forestales, Carlos González Andrés.
Las otras 700 comunidades sin actividad han registrado un abandono progresivo, bien por carecer de junta rectora o por no funcionar en la práctica. La progresiva despoblación del interior gallego, principalmente de las zonas orientales de Ourense y Lugo, apunta a un empeoramiento de la situación. «En las próximas décadas, Galicia perderá alrededor de medio millón de personas, un tercio de su población en edad de trabajar», pronostica Carlos González.
Medidas
Ante ese escenario, ¿qué hacer con los montes vecinales que están quedando en el abandono?. Los debates que surgieron a lo largo de las jornadas del Consello da Cultura Gallega apuntaron en la dirección de poner la pelota en el tejado de la Xunta, aunque con precauciones.
La legislación permitiría que Medio Rural iniciara procedimientos para declarar los montes vecinales sin actividad en estado de grave abandono. La Lei 13/1989 de montes vecinales tipifica como casos de grave abandono el deterioro ecológico de un monte vecinal o el hecho de que no esté aprovechado conforme a la potencialidad de sus recursos. Una vez declarado un monte en estado de grave abandono, la Xunta asumiría su gestión temporal, en tanto no hubiera una comunidad que se hiciese cargo.
Gestión pública en montes conveniados
Otra cuestión a debate es cómo sería esa gestión pública. La Administración autonómica maneja en la actualidad alrededor de 240.000 hectáreas de montes vecinales a través de convenios con las correspondientes comunidades.
Desde las comunidades de montes, vienen transmitiéndose en los últimos años quejas reiteradas sobre la gestión de la Xunta por cuestiones como la ausencia de trabajos en el monte, la falta de coordinación con las comunidades o la carencia de instrumentos de ordenación de las superficies conveniadas.
Futuro
Los actuales convenios de la Administración para la gestión de los montes vecinales concluirán, a más tardar, el 31 de diciembre del 2021. La Xunta ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo contrato para continuar asumiendo la gestión de los montes vecinales que así lo decidan, si bien desde la Organización Galega de Comunidades de Montes hay reticencias sobre este proceso.
«Existe una estrategia planificada para privatizar la gestión del monte vecinal, entregándoselo a empresas, o para remunicipalizarlos», sostiene el presidente de la Organización Galega de Montes Veciñais, Xosé Alfredo Pereira. «La clave en los próximos años va a estar de nuevo en la defensa de la titularidad vecinal y comunitaria del monte», pronostica.
Recientemente, surgió una polémica por un supuesto borrador de la Xunta que modificaría la ley de montes vecinales en el sentido de permitir la transformación de montes vecinales abandonados en públicos. Desde Medio Rural se ha negado que ese borrador sea autoría de la Administración, si bien Pereira insiste de nuevo en esa teoría. «Una funcionaria de Presidencia nos confirmó que ese documento existió pero que nunca se tramitó», aseguró en las jornadas del Consello da Cultura.
