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Los montes vecinales en Galicia representan una tercera parte de la superficie forestal y suman más de 600.000 hectáreas. Aproximadamente la mitad de los montes vecinales están autogestionados por las comunidades propietarias, en tanto la otra mitad están manejados actualmente por la Xunta de Galicia a través de un consorcio o convenio con los vecinos. Esos acuerdos iban a expirar en principio entre agosto de este año y agosto del 2016, según se estipula en la Lei de Montes de Galicia. El fin del modelo de gestión pública y conveniada del monte vecinal abre incertidumbres sobre el futuro.
Hablamos sobre la situación y perspectivas de las comunidades de montes con Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes desde su creación, en 1999. Pereira es también presidente de la comunidad de montes de Santa Cristina da Ramallosa (Baiona).
– ¿Qué perspectivas hay para el monte vecinal con el fin de los convenios y consorcios con la Administración?
– La figura clave para entender el escenario al que se enfrenta el monte vecinal es la Lei de Montes de Galicia del 2012, en la que se establece que las comunidades de montes vecinales con deudas con la Administración deberán firmar un contrato de gestión temporal con la Xunta –o bien pagar la deuda-. La Lei señala que esos contratos de gestión los podrá realizar directamente la Administración o terceras personas, léase empresas privadas. Estamos así ante uno claro intento de poner los montes vecinales a disposición de empresas forestales privadas. Ese es el objetivo que nosotros vemos en la Lei, que sean empresas las que pongan en valor las tierras comunales a partir de monocultivos de especies de crecimiento rápido, como los eucaliptos, o de cultivos energéticos dirigidos a la biomasa.
«Hay un claro intento de poner los montes vecinales a disposición de empresas forestales privadas»
– Las deudas con la Xunta de parte de las comunidades de montes son fuente de polémica en los últimos meses. ¿De dónde surgen los desacuerdos sobre las deudas de los montes vecinales?
– Detectamos errores en las cuentas que nos fueron entregando. A veces hay trabajos hechos con ayudas europeas en los que se computa todo el importe de las labores como deuda para la comunidad, sin tener en cuenta esa ayuda. En otras ocasiones figuran registrados trabajos que supuestamente hizo la Administración pero que no aparecen firmados por el presidente de la comunidad. Vimos también incumplimientos por parte de la Administración y, en definitiva, si todas esas deudas fueran ciertas, estaríamos además ante un gestor que hizo mal su trabajo, que gastó más que los ingresos que generó.
– Desde la Organización Galega demandáis una condonación de las deudas de las comunidades con la Xunta. Cuéntanos en qué os basáis para pedir esa condonación y cómo está el proceso.
– Nosotros pedimos la cancelación de las deudas en base a la Lei de Montes estatal (2003), que señala que cuando concluye un convenio, la Administración puede, o bien firmar un nuevo contrato con los propietarios, o bien eximir del pago de las deudas a los propietarios siempre que el monte cuente con un instrumento de gestión. Aquí en Galicia se optó por otra vía y eso nos llevó a iniciar una campaña de protestas. Fruto de nuestras movilizaciones, conseguimos de la Xunta una moratoria hasta el 2017 para la cancelación de los convenios y consorcios de las comunidades de montes que mantienen deudas con la Administración. En los dos años que faltan para esa fecha, queremos discutir convenio a convenio, a ver de dónde vienen esas deudas, ya que no estamos de acuerdo con las cuentas que está presentando la Administración.
«Las comunidades a veces se enteraban de que les cortaban la madera cuando ya entraba el personal en el monte»
– ¿Veríais positiva una continuación de la actual línea de convenios de gestión entre Xunta y comunidades de montes vecinales?
– Para algunos montes vecinales sería un modelo positivo. Nosotros pensamos que los convenios bien gestionados no son malos para el monte gallego, siempre que haya un acuerdo entre partes, con una mesa paritaria de seguimiento y que se tomen las decisiones en conjunto, que es algo que no se hizo en los últimos años. Las comunidades a veces se entereaban de que les cortaban la madera cuando ya entraba el personal en el monte a hacer los trabajos. Más que acuerdos, en muchos casos hubo una usurpación orientada casi en exclusiva a la producción de pino y eucalipto. De todas formas, no parece que la Xunta vaya a apostar por la continuidad de los convenios.
“La figura del comunero discontinuo permite la revitalización de las comunidades”
– El envejecimiento y la despoboación del rural llevan a que determinadas comunidades de montes queden sin gestión en la práctica. ¿Qué soluciones puede haber para estos montes vecinales?
– Es un problema muy importante. Hay montes que quedan abandonados por falta de población. Un primer paso que ya se está aplicando en algunas comunidades, caso de Cerdedo (Pontevedra), puede ser la creación de la figura del comunero discontinuo, que es alguien que tiene trabajo en la ciudad pero que pasa el fin de semana en el lugar y que está integrado. Esa figura tendría que aprobarse en asamblea vecinal, ya que por ley, sólo puedes ser comunero por derecho propio si vives en el lugar.
– Siempre se hablaba de que es comunera la casa con humo, pero vosotros sois partidarios de una interpretación más amplia.
– Lo de la casa con humo es una reminiscencia del pasado que alude a la idea de ser vecino. Sobre esa base de vecindad, otro paso importante para rejuvenecer las comunidades pasa por reconocer la participación de todas las personas que representen una economía independiente de producción y consumo, aunque vivan en la misma casa. A mayores, todos los miembros de una familia pueden ir a las asambleas, pero sólo tendrían derecho a voto aquellos que representen a una economía independiente. Esta es otra manera de revitalizar las comunidades y ya permitió la recuperación de algún monte vecinal. En Lobios (Ourense), había una comunidad que llevaba cuatro años sin junta rectora y hoy en día tiene junta rectora.
«La idea de que es comunera la casa con humo es una reminiscencia del pasado»
– La legislación permite que en el caso de las comunidades abandonadas, su gestión pueda ser asumida provisionalmente por la Administración. ¿Estaríais de acuerdo?
– En el caso de un monte vecinal abandonado, la legislación dice que podría gestionarlo o bien la Administración o bien una comunidad de montes vecina, siempre con la condición de retornar la gestión del monte en cuanto hubiera una comunidad que se hiciera cargo. Nos parece una idea correcta, pero no vemos que la Administración tenga interés ninguno en aplicarla en la práctica.
“La certificación pública del monte supondría un ahorro de hasta 5 millones de euros al año”
– Esta temporada se está trabajando en el nuevo Plan Forestal de Galicia, para el que se constituyó un grupo de trabajo con el sector en el que estáis participando. ¿Cómo estáis viendo el proceso?
– El Plan Forestal va a decidir el monte que hay en Galicia, así que es un proyecto en el que hay que dar la gran batalla. Por ahora, el trabajo sobre el Plan se está llevando con un debate pausado y democrático que parece bien pensado. Ya tuvimos dos reuniones en el grupo de trabajo y nos sorprendió positivamente que algunas propuestas que hicimos fueran aceptadas para discutir, cosa que otras veces no ha pasado.
– ¿Qué propuestas vuestras destacarías para el Plan Forestal?
– Una cuestión en la que llevamos años peleando es en la puesta en marcha de un sello de certificación público. La certificación del monte –a partir de marcas como FSC o PEFC- supone un gasto muy importante para las comunidades y no añade ninguna mejora a su gestión. Las marcas de certificación son sólo una cuestión de marketing para llegar a determinados mercados, así que sería muy útil una certificación pública de bajo coste que se le entregara a todo monte con un plan de ordenación y que cumpliera unas normas de gestión y unos criterios de sostenibilidad. Sería un sello con un nombre del tipo de ‘Productos Gallegos del Monte’ y podría significar para las comunidades de montes un ahorro de 4-5 millones de euros al año.
