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El Fiscal del Estado pide a los gobiernos autonómicos de Galicia y de Castilla y León que anulen los alrededor de 7.000 carnets de manipulación de productos fitosanitarios impartidos en la modalidad online en Villafranca del Bierzo durante los años 2015 y 2016. La decisión final la adoptará previsiblemente la Audiencia Provincial de León, que será la que juzgue esta causa.
Así lo adelantó hoy Radio Bierzo, quien ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía, donde pide penas de hasta seis años y medio de prisión para los seis implicados en la denominada operación “Fito” que se abrió en el año 2016 en el juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada contra las empresas Rabcor, Sanea Control y el grupo gallego Lucaser por la programación en Villafranca de cursos de formación para la obtención del carnet de manipulación de Fitosanitarios, unos cursos con los que se estafó a unos siete mil agricultores a los que se le cobraban entre 100 y 150 euros por obtener un carnet que no necesitaban.
Gran parte de estos agricultores procedían de Galicia, donde la falta de oferta formativa, y en concreto en la modalidad online, y la desinformación sobre quien debía o no tener el carnet para seguir comprando productos fitosanitarios (antimildius, herbicidas, antioídio…etc) , favoreció este supuesto fraude. Bajo la promesa de “comprar” el carnet, miles de personas eran desplazadas en autobús los fines de semana hasta El Bierzo para realizar el examen, dado que la Junta de Castilla y León si permitía entonces realizar los cursos en la modalidad online, con menor necesidad de desplazamiento para el usuario al poder realizar la parte teórica por internet.
La investigación del SEPRONA concluye que los alumnos no hicieron la parte teórica
Según ha podido saber Radio Bierzo, el Ministerio Fiscal considera que se les debe juzgar por un delito continuado de estafa, como delito de masa, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial. Para los seis investigados se piden penas de prisión que van entre 48 y 75 meses, según la implicación en el caso, además de la restitución de las cantidades estafadas.
El caso se destapó en 2016 a instancias de una investigación abierta por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital del Bierzo, que contaron con la colaboración de los técnicos en Sanidad y Producción Vegetal del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia.y con el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial deLeón de la Junta de Castilla y León.
Los cursos estaban compuestos por una primera fase on-line con una carga lectiva de 16 horas y una segunda fase práctica con 9 horas. La mayor parte de los estafados eran personas de avanzada edad sin ordenadores, lo que llevó a un uso masivo de las mismas direcciones IP desde las que las propias empresas contestaban con robots informáticos a los test que se guardaban como realizados por los contratantes de los cursos. Es decir, las empresas realizaban la parte teórica por el alumno, que sólo tenía que desplazarse hasta El Bierzo para firmar y recibir el certificado que le daría acceso al carnet de usuario de productos fitosanitarios.
