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Evaluar realmente si hay interés agrario antes de realizar una concentración parcelaria y que en ese proceso también se consulte a las personas interesadas. Este es el contenido de la iniciativa aprobada este viernes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes del Parlamento Gallego con los votos a favor del Partido Popular, autor de la proposición no de ley.
Actualmente están en marcha en Galicia 129 expedientes de concentraciones parcelarias en distintos grados de tramitación, un proceso lento y costoso -la inversión pública varía de los 3.000 a los 6.000 euros por hectárea-.
En este sentido, José González Vázquez, diputado autor de la iniciativa, recordó que el objetivo es que para los nuevos procesos de concentración parcelaria que se inicien “se acredite realmente que existe un interés agrario que justifique la actuación, para lo cuál es necesario establecer un procedimiento de evaluación”. Así, la proposición no de ley insta a la Xunta a “establecer un procedimiento de evaluación del interés agrario para efectuar las reestructuraciones de tierras”.
Además, la iniciativa demanda que “en el procedimiento de evaluación del interés agrario que se configure, se tengan en cuenta las aportaciones de las personas interesadas, dándole a tal efecto un trámite de consulta”. “Es imprescindible contar con la colaboración y apoyo de las personas afectadas y que viven en el territorio sobre el que actuar”, subrayó el diputado.
La mejora y ordenación de la estructura agraria de Galicia está regulada por tres leyes: la Ley 6/2011, del 13 de octubre, de movilidad de tierras, la Ley 7/2012, del 28 de junio, de montes de Galicia, y, la última, la Ley 4/2015, del 17 de junio, de Mejora de la estructura territorial agraria de Galicia. La Consellería de Medio Rural destina este año 22 millones de euros para procesos de concentración parcelaria.
Valoración de la oposición
Por parte de los grupos de la oposición, el diputado del Bng, Xosé Luis Rivas, consideró redundante esta iniciativa “porque no se puede iniciar ninguna concentración parcelaria sin ese requisito de evaluación de si es necesaria o no, es lo lógico”.
Además, advirtió de que “en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Xunta de 2017 ya se cargaron los procedimientos de evaluación previa, algo que ahora quieren colar de nuevo con esta exigencia lógica de estudio de evaluación”.
En la misma línea incidió el diputado del PsdeG-PSOE, José Antonio Quiroga: “¿Hasta ahora las concentraciones fueron al tuntún, sin procedimiento de evaluación?”, se preguntó. También valoró que la concentración parcelaria “es un procedimiento de mejora de la base territorial de las explotaciones que ya está superada por otros sistemas menos costosos para la Administración y menos agresivos con el medioambiente”.
Y por parte del grupo de En Marea, Paula Quinteiro llamó la atención sobre la necesidad de que iniciativas como esta se acompañen de partidas presupuestarias para hacerlas realidad.
Ayudas para medidas de prevención de ataques del lobo
Por lo demás, en la Comisión de Agricultura también se debatieron dos iniciativas del BNG y del PsdeG-PSOE en las que se le pedía a la Consellería de Medio Ambiente cambiar las ayudas para la implantación de medidas preventivas frente a los ataques de lobo y jabalí. En concreto, demandaban que se permitiera un plazo de justificación de un mínimo de tres meses para poder programar las compras de los bienes subvencionables, especialmente de perros de guardia, evitando así situaciones como las denunciadas de beneficiarios de las ayudas que no tuvieron tiempo para justificarlas.
Sin embargo, el PP rechazó las iniciativas al no ver aceptadas sus enmiendas. El diputado del PP, Carlos Gómez Salgado recordó que “aunque hubo casos puntuales debido a errores, la gran mayoría de los solicitantes tuvo tiempo para adquirir el material una vez que se le notificó la concesión de la ayuda”.
En este sentido, informó de que en el caso caso de las últimas ayudas para prevenir ataques del lobo “fueron justificadas correctamente 414 solicitudes y renuncian a la ayuda o no la justificaron 43. En el caso concreto, de las ayudas para la compra de perros de protección del ganado, de las 22 solicitudes aprobadas se justificaron 16 para los cierres eléctricos fueron justificadas casi el 100% de las solicitudes”.
Por último, los votos del Grupo Popular impidieron que saliera adelante una iniciativa de En Marea en la que se pedía a la Xunta “implementar mecanismos de compensación directa a los titulares de los terrenos situados en Red Natura o en otras figuras de protección medioambiental”.
