Dinero que voló con el viento

El concurso eólico de 2010, ahora anulado por la Justicia, había adjudicado 2.325 megawatios de potencia que nunca se llegaron a instalar. Esos parques habrían supuesto para los propietarios del monte 13,6 millones de euros anuales. Ventonoso pide un cambio legislativo que impulse la energía del viento en Galicia

Dinero que voló con el viento

José Antonio Diéguez y Jacobo Feijoo, en rueda de prensa.

El parón del sector eólico en Galicia supone para los propietarios de los montes una pérdida anual de ingresos directos de 13,6 millones de euros, según las estimaciones de Ventonoso, la asociación de propietarios de tierras eólicas ligada a Unións Agrarias. El concurso eólico de la Xunta de 2010, ahora anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), había adjudicado 2.325 megawatios de potencia que nunca se llegaron a instalar, una situación que Ventonoso entiende que afecta negativamente al rural.

A mayores del dinero que se podría ingresar por el alquiler anual de las tierras, Ventonoso advierte también de la pérdida de inversiones por el parón eólico. Las empresas adjudicatarias del concurso de 2010 habían comprometido 5.000 millones de euros en inversiones empresariales, de los que 750 millones correspondían al rural. Poco se supo de aquellos proyectos, más allá de operaciones puntuales.

Así las cosas, el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, y el secretario de Desarrollo Rural de Unións, Jacobo Feijoo, ofrecieron ayer una rueda de prensa para pedir un cambio legislativo que impulse la energía eólica en Galicia. Ese impulso, proponen, debería ligar la energía eólica con el desarrollo del rural.

Ventonoso propone que los parques estén participados por cooperativas de propietarios de las tierras, «igual que en Dinamarca»

«En la actualidad, la mayoría de los parques que tenemos en Galicia están en manos extranjeras. Queremos cambiar esa situación y que se impulse una legislación que favorezca a las empresas ligadas al territorio. Se trataría de que parte de los parques estén participados por cooperativas formadas por propietarios de las tierras» -subraya Jacobo Feijoo-. «No estamos inventando nada; es algo que ya se hace desde hace muchos años en países como Alemania o Dinamarca».

La cuestión de fondo que se reivindica desde Ventonoso es un aumento de ingresos para los propietarios de las tierras. «En Galicia, los dueños de los terrenos perciben alrededor de un 1,5 % de los ingresos generados por el parque, cuando en otros países esa cifra puede llegar al 10%» -valoran-. «Existen además contratos de alquiler de las tierras que se renuevan automáticamente a la conclusión del contrato, lo que supone para los propietarios un problema equivalente al de las preferentes. Estamos ante unas preferentes del viento», advierte José Antonio Diéguez.

Canon eólico
La asociación es partidaria de una legislación que reduzca los impuestos públicos sobre los parques y que fomente, en su lugar, el aumento de ingresos para los propietarios de las tierras.

Ventonoso pide en concreto la eliminación del canon eólico, una tasa autonómica percibida por la Xunta y por los Concellos en los que se asientan los complejos. «En el actual escenario, después de que el Gobierno Rajoy eliminara las primas a las energías renovables en 2013, Galicia no es competitiva con otras comunidades para atraer inversiones eólicas. Somos la comunidad con más horas de viento, pero el canon eólico, que normalmente no repercute en el rural, es una traba para atraer proyectos», valora José Antonio Diéguez.

Futuro
De cara al futuro, Ventonoso vaticina un «fin de fiesta eólico» que generará problemas en el rural en caso de que haya empresas promotoras que quiebren. «De hecho, ya hay empresas que se están retrasando en los pagos de los alquileres de los terrenos. Si una empresa quiebra, ¿quién va a retirar la chatarra cuando el parque finalice su vida útil?», cuestionan desde Ventonoso. «Los problemas aparecerán cuando pasen los 20 o 30 años comprometidos en los contratos iniciales que firmaron las empresas y comunidades de montes y/o propietarios particulares».

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