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Durante las últimas semanas, productores gallegos de uvas y patatas se están encontrando con inspecciones de Hacienda que elevan propuestas de sanción contra las colaboraciones familiares en las cosechas. El caso es denunciado por Unións Agrarias, que considera «injustificable» el comportamiento de los funcionarios de Hacienda, que están acudiendo a las fincas de patatas de A Limia «escoltados por la Guardia Civil», según asegura la organización agraria.
Desde Unións entienden que una práctica que se viene haciendo desde siempre en Galicia, como es echarle una mano a parientes o vecinos en momentos puntuales y sin percibir ninguna renta por eso, no puede ser motivo de sanción.
«No estamos a favor de que haya fraude, pero es escandalosa la persecución que se vio en la vendimia en zonas como el Ribeiro o Monterrei, o ahora en A Limia con la patata», critica José Ramón González, de Unións. «La única explicación es que alguien quiera forzar altas de un día en la Seguridad Social», cuestiona.
La organización agraria llevará al Congreso, a través de parlamentarios gallegos, una propuesta de modificación del régimen de colaboración familiar en el ámbito laboral, a fin de evitar «sanciones esperpénticas que sólo responden a un afán recaudador».
Problemas con las Administraciones y la PAC
Las denuncias por colaboraciones familiares en las cosechas de uvas y patatas son el último episodio de los problemas del campo con las Administraciones, según Unións. La organización enumera una serie de conflictos que, a su entender, buscan vaciar las rentas de los productores: el «catastrazo» contra las naves ganaderas, la reducción de la bonificación del gasóleo agrícola y la campaña de requerimientos fiscales que se están dictando contra explotaciones ganaderas de Galicia.
Sobre esta última cuestión, Unións advierte de que todos los productores que habían hecho cesiones de derechos del pago único de la PAC se están viendo sometidos a inspecciones. La organización entiende que de las inspecciones deberían estar excluidas las granjas donde no hubo intercambio económico en las cesiones, por ser en muchos casos de padres a hijos.
«Se está obligando a los productores a realizar tramitaciones, desplazamientos y pérdidas de tiempo por no haber hecho un trabajo de selección, abriendo una causa general contra la actividad económica en el sector primario», critican desde Uniones en nota de prensa. La organización solicitó nuevamente una reunión con la consejera de en medio Rural, Ángeles Vázquez, para abordar estos y otros asuntos.
Pero las colaboraciones entre labradores son legales, dos autónomos trabajando y dados de alta, y la de cualquier otra persona también, está prestando un servicio por el que si no factura mas de 500€ al mes no tiene que declarar IVA.
Que se miren bien la ley que lo hacienda si que es delito, porque ni si quiera se conocen la ley, lo digo por propia experiencia. Además ellos suele trabajar horas extras sin cotizar (y sin cobrar) a la seguridad social y eso si que es robar a la S.S..