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El año 2017 va a marcar un récord de incorporación de jóvenes a la actividad agraria en Galicia: a 618 personas les concedió la Consellería de Medio Rural la ayuda de incorporación correspondiente a la convocatoria 2016.
Esta aportación, que de promedio ronda los 40.000 euros por beneficiario, tiene como finalidad apoyar a estos jóvenes en el primer año de actividad, el período más difícil, pero con una exigencia principal: que permanezca trabajando en la actividad agraria un mínimo de cinco años.
Sin embargo, también marcará un récord en la recaudación de la Agencia Tributaria en Galicia por estas ayudas. Al menos el 30% tendrá que devolvérselo el beneficiario al Ministerio de Hacienda en la Declaración de la Renta 2017. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro aplica esta fiscalidad desde la campaña 2015, al considerar que se trata de una ayuda común de capital destinada a garantizar una renta mínima y no a la realización de inversiones en la explotación que puedan ser desgravables. Pero además, obliga a tributar por toda la ayuda de una sola vez, en el momento en que aparece publicada la concesión en el Diario Oficial de Galicia, sin posibilidad de fraccionarla en cinco anualidades, como se hacía con anterioridad.
“hacienda se queda con 7,2 de los 24,3 millones de las ayudas de incorporación en Galicia”
Esto significa que para una ayuda de incorporación de 40.000 euros -el promedio de la convocatoria 2016- el beneficiario tendrá que devolver a la Agencia Tributaria en la Declaración de la Renta un mínimo del 30%, es decir, unos 12.000 euros. Si tenemos en cuenta que la aportación de la Consellería de Medio Rural para esta línea de ayudas fue de 24,3 millones de euros, el departamento que dirige Cristóbal Montoro se llevaría un mínimo de 7,2 millones de euros.
Demanda unánime de las organizaciones agrarias contra lo que consideran un “abuso”
Por parte de las organización agrarias la posición es unánime al denunciar lo que consideran “un abuso que va contra toda lógica”.
Así, el secretario de ganadería de Unións Agrarias, Javier Iglesias, tiene claro que “las ayudas de incorporación, como cualquiera otra subvención, deberían estar exentas de recaudación fiscal”.
Recuerda además que estas ayudas “llevan aparejado el compromiso de una permanencia mínima en la actividad agraria de 5 años y de crear una unidad de trabajo, y en la inmensa mayoría de los casos están ligadas a un plan de mejora que lleva aparejado realizar unas inversiones”.
Unións: “El Estado se financia quitándole a los jóvenes parte de las ayudas a UE que vienen para las incorporaciones”
“Lo lógico, por tanto, -subraya- es que se tributara por el plan de mejora y considerar la ayuda de incorporación como un ingreso extraordinario o, en el peor de los casos, que se pueda repartir en la Declaración de la Renta a lo largo de 5 años”.
Javier Iglesias asegura que Unións Agrarias “dará la batalla, con el apoyo a nivel estatal de UPA, para que el Ministerio de Hacienda cambie la interpretación de la normativa”. “En la situación actual el gobierno de España está financiando parte de su aportación a la Unión Europea apropiándose como mínimo del 30% de las ayudas que vienen de la Unión Europea para los jóvenes que se incorporan al campo”, concluye.
Agaca: “Es una incoherencia y un atropello contra la generación de empleo en el rural”
En la misma línea, Higinio Mougán, director gerente de la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (Agaca), advierte de que la fiscalidad que aplica la Agencia Tributaria a estas ayudas “es un atropello y una incoherencia que atenta contra la generación de empleo en el rural”.
“Para hacer viable una producción agrícola o ganadera el horizonte es de un mínimo de cinco años y que el sablazo fiscal sea ya en el primero año para la persona que se incorpora es un tremendo abuso y una enorme limitación”, denuncia.
Para el director gerente de Agaca esta actuación de la Agencia Tributaria demuestra que “los gobernantes no piensan en el medio rural, sino en una concepción de país puramente urbana”.
Sindicato Labrego: “La Consellería de Medio Rural debería implicarse y hacer presión ante el Ministerio de Hacienda”
Desde el Sindicato Labrego, una de las organizaciones junto a Unións Agrarias que más lleva trabajando en los últimos dos años para cambiar esta fiscalidad, advierten también de que “en muchos casos incluso los beneficiarios de la ayuda tienen que tributar por ella sin haberla cobrado”.
“Hasta el año 2014 se declaraba el ingreso en el ejercicio en el que se cobraba la ayuda y se permitía fraccionarla en cinco años, pero desde entonces la Agencia Tributario obliga a incluirla en su totalida en la Declaración desde el momento en que aparece publicada en el Diario Oficial de Galicia la concesión, con lo que se han dado casos de que, si hay un retraso en el pago, se tribute por ella sin haberla cobrado”, explica Antonio Villarino, coordinador comarcal del Slg en A Mariña
En todo caso, advierte de que “el problema de fondo es que el Ministerio de Hacienda interpreta que la ayuda de incorporación se da a cambio de nada y es una ganancia patrimonial, cuando no es así, ya que está vinculada a unos compromisos y a poner en marcha una actividad agroganadera”.
En este sentido, el representante del Sindicato Labrego demanda “una mayor implicación de la Consellería de Medio Rural para que haga presión ante la Agencia Tributaria y el Ministerio y se cambie esta situación injusta”.
Agromuralla: “Habría que replantear las ayudas al campo”
Por último, desde Agromuralla coinciden también en denunciar la fiscalidad que se aplica a estas ayudas. Pero la asociación ganadera ve más allá y considera que “se deberían replantear tanto estas ayudas como las de los planes de mejora, con un acompañamiento y mayores exigencias por parte de la Administración”.
“Se debería priorizar a las personas que realmente quieren quedar a vivir y a trabajar en el campo de una forma profesional, con un acompañamiento por parte de la Administración a lo largo de los años, porque vemos que en la actual situación un porcentaje muy alto de los jóvenes que se incorporan acaban abandonando después de los cinco años”, concluyen.
