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Las inspecciones de trabajo de estos días en alguna explotación agraria de Galicia han provocado cierto revuelo mediática. El cortoplacismo que opera en estos casos y la miope concepción del asunto se ocuparon de airearlo al tiempo que la escasez de ideas y talegos de perjuicios saltaran ocupando el lugar de un debate que hay que dar, pero a lo mejor no de este modo. Se trata de una realidad compleja y como tal hace falta proceder.
Desde hace un tiempo constato que existe un colectivo de gente en Galicia qué sigue atada al mito de un pasado glorioso y ambientalmente sostenible ligado al medio rural. Un lugar donde todo era equilibrado y armónico y donde toda una boscosa y frondosa naturaleza disponía alimentos y contagiaba buenas relaciones.
Sin embargo, los presuntos equilibrios, de producirse, no dejaban de ser un fenómeno ligado la relaciones de producción autárquicas donde el autoconsumo y el autoabastecimiento constituían la forma de la economía campesina gallega hasta bien entrado el siglo XX. Y digo presuntos porque ni la vaca era tan rubia, ni los pimientos se producían solos. La “necesidad” que dirían las abuelas, era una forma de vida. Se vivía con lo puesto y comodidades como la electricidad, la atención médica, la maquinaria o incluso las herramientas, eran lujos más o menos distantes que comenzaron a materializarse a fines de los años 1970. La economía labradora, por ejemplo, no permitía comprar azúcar, aceite, café o fruta fresca.
“Hay colectivos y también cierta izquierda en Galicia que insiste en mitificar el campo gallego de antes”
La esperanza de vida de los años 1950 era de 60 años mientras que en la actualidad supera los 80. Y el volumen de enfermedades ligadas a la falta de higiene y seguridad en el trabajo, así como las derivadas de una cabaña ganadera sin atenciones veterinarias, conformaban un problema que, sin embargo, algunas personas siguen negando. La Brucelosis, los problemas derivados de una deficiente alimentación, así como la falta de atención médica aun hoy muestran restos de su cara más amarga.
Hay colectivos y también cierta izquierda en Galicia que insiste, aún así, en situarnos en ese pasado mítico. Resulta una verdad recurrente, que poco tiene que ver con la realidad que ofrecen datos estadísticos, históricos y económicos y que sirve para promover una especie de neo-ruralismo con mucho predicamento en los ámbitos alejados del mundo rural y con poca base científica.
Lo más curioso es que este fenómeno en la actualidad se extendió y lejos de mermar, fabrica a diario millares de noticias en internet que se multiplican fruto de la ignorancia y el sentimentalismo a partes iguales. Una parte del nacionalismo y la izquierda gallegas cultivaron ese mismo sentimentalismo durante años. En la actualidad a algunos nos sorprende que se sigan repitiendo fórmulas sin el más mínimo rigor que, lejos de contribuir a la puesta en marcha de modelos agrarios alternativos y centrar los debates, provoca descrédito entre mucha de la gente que, de inicio, resultaría proclive a participar en ellos.
Afirmar a día de hoy que los antepasados vivían en una especie de paraíso que ahora el “malísimo” progreso se encargó de dinamitar es tan ignorante como absurdo
La repetición sistemática de consignas ruralistas se parece mucho a los mantras que se repiten en otras instancias de la política, sin efectos prácticos inmediatos pero con el afán de crear adeptos. Sin embargo, el retorno a los equilibrios y las economías de colaboración tiene tanto de tautología autoafirmativa como vacío ideológico. Afirmar a día de hoy que los nuestros abuelos vivían en una especie de paraíso que ahora el “malísimo” progreso se encargó de dinamitar es tan ignorante como absurdo. Por mucho que se insista en el tema.
Con la inspección de trabajo en las explotaciones estos días aconteció algo semejante. Es discutible el momento escogido como a lo mejor la saña con la que de oficio interviene la Inspección de Trabajo; y sería deseable que actuaran con tanta diligencia, un suponer, en las tiendas que atienden al turismo en Santiago de Compostela. Pero no es discutible que intervengan. Sobre todo porque los que trabajamos por allí sabemos que en las explotaciones realmente actuantes del rural, existe muchísima desregulación, muchísima precariedad y muy malas condiciones de trabajo.
“En las explotaciones agrarias sigue existiendo mucha precariedad laboral y desregulación”
Podría debatirse si las empresas agrarias debieran tener ciertos beneficios fiscales y con la Seguridad Social. Teniendo un mercado de los productos agrarios en el que las rentas no siempre están garantizadas y en el que los precios constituyen un handicap para la economía rural, sería incluso deseable que se tuvieran en cuenta sus circunstancias en la contratación para facilitar el cumplimiento de la ley. Pero desde luego lo que no tiene discusión es que no se respeten los derechos de las personas que colaboran en la explotación.
No tiene discusión es que no se respeten los derechos de las personas que colaboran en la explotación
Sin embargo, el debate se mueve en otros términos. Mezclando cosas como la economía colaborativa, el sentimiento de comunidad e incluso la defensa a ultranza de la desregulación laboral, tanto personas como colectivos que uno creía próximas, sin rubor de ningún tipo aplaude con las orejas los mensajes que van desde el no de la contratación hasta una defensa numantina de la usura y la precariedad.
Apoyados en una presunta inocencia vinculada a las tradiciones comunitarias que poco o nada tienen que ver en esto, sigue estableciéndose una cadena de implicaciones que no se sostiene a poco que uno camine por el rural: La cadena: comunidad rural—>solidaridad—>trabajo en común—>No hace falta contrato sumado a la suposición de que en el rural la gente es buena per se y todo lo hace bien, salta a nada que un husmee en la multitud de mensajes que se desataron incluso desde sectores ligados a los movimientos sociales y de izquierda.
Sin embargo la realidad gallega es empecinada, tan sólo es necesario abrir la puerta. Recorrer los caminos del rural a diario, enseña como las fórmulas colaborativas no son ni mucho menos la realidad. Disfrazada de colaboración una precariedad rampante dinamita un mercado de trabajo que está sumergiendo economías y evitando nuevas inversiones así como la capacidad de ahorro de las personas contratadas.
A poco que se observe como se acuerdan los trabajos es fácil comprobar cómo se regatea el salario siempre a la baja, como se obvia el contrato y como se supone de primeras que el personal eventual demanda sueldos “por hacerme mal y enriquecerse a mi cuenta”. Evidentemente esto no es una posición absoluta. De por medio existen personas que ofrecen contratos, que velan por la seguridad y el trabajo del personal y respetan la ley. Pero en algunos lugares la primera posición es la más frecuente.
Durante los años 1990 el 80% de la contratación en la Denominación de Origen Rías Baixas era irregular
Durante mucho tiempo, las administraciones miraron para otro lado. Durante los años 1990 el 80% de la contratación en la Denominación de Origen Rías Baixas era irregular. En la actualidad y gracias a los controles los datos se invirtieron y probablemente el 70% de la contratación se hace con alta en la seguridad social. Y esto que, lejos de atajar la totalidad de los problemas, contribuyó a la mejora de las condiciones laborales, es lo que se sigue poniendo en entredicho cuando la inspección entra de lleno en los lugares donde la desregulación, la precariedad y los salarios y condiciones miserables, son un continuo.
Quien sigue mirando el rural como desde una óptica mítica y considerando que este queda pobre y desarmado frente a las agresiones de un progreso colonizador, posee un comportamiento paternalista y condescendiente que mal contribuye a solventar los problemas y continúa fabricando estereotipos. Mal vamos a resolver los problemas que afectan al rural si las posiciones de partida suponen cuestionar los derechos de las trabajadoras al tiempo que se defienden estructuras y poder ancestrales donde queda por demostrar su bondad. Sobre todo porque además de la inutilidad del retorno, supone una salida conservadora en muchos casos.
“Los agricultores profesionales tienen que respetar los derechos de los trabajadores, como cualquier empresario”
Conviene recordar que la colaboración entre vecinas/os no se investiga. No está prohibido colaborar, ni prestar ayuda cómo se hizo toda la vida. Entre dos agricultores profesionales la colaboración ni está penalizada ni se va a establecer como delito. Lo que se investiga es si en una explotación profesional hay personas que por baja, en situación de desempleo o sin contrato laboral están desarrollando trabajos que requieran contrapartida económica. Eso y no la “cooperación” fue lo que se buscó descubrir. Y esta, precisamente, es la situación mayoritaria.
El rural gallego es anómalo desde un punto de vista estadístico, porque conserva mucha agricultura de tiempo parcial o familiar que no constituye de primeras una actividad económica profesionalizada. Sin embargo, sí que tiene un impacto económico en la economía de muchas familias, ya que permite un ahorro que los actuales niveles de renta de otros trabajos no permiten. Las huertas familiares o aquellas que personas jubiladas, retiradas, despedidas o empleadas, mantienen a tiempo parcial contribuyen aportando productos de todo tipo con los que muchas gallegas subsistimos aún en situaciones precarias. No tendremos trabajo pero de hambre no morimos, como se dice popularmente. Pero hace falta distinguir con claridad el trabajo desarrollado en este tipo de explotaciones, que es voluntario o aficcionado, de aquel otro que se efectúa en las explotaciones agrarias profesionales.
La explotación agraria profesional tiene las características de un negocio, en el mundo capitalista. Y al tiempo mantiene ciertas peculiaridades que contribuyen al conjunto. Conservan el territorio, aportan alimentos (que es un bien básico) y constituyen un medio diferente donde los tiempos transcurren muy vinculados a los eventos bióticos y meteorológicos. Sin embargo, su responsabilidad en tanto que empresas agrarias, sobre todo en lo relativo al respeto a los derechos de las trabajadoras/es, es exactamente la misma que la de cualquiera negocio.
Y bien haríamos en recordarlo y recordárselo a algunos colectivos que en estos días revelaron una confusión motivada a partes iguales por un presupuesto idealizante y por una ignorancia extrema de lo que en el rural acontece.
