Las ilegalidades en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos obligan a España a devolver 263 millones

Galicia sufre una corrección de 7,39 millones de euros por supuesto fraude en el Coeficiente de Pastos (CAP) en el período 2009-2013.

Las ilegalidades en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos obligan a España a devolver  263 millones

España ha sido sancionada por la Comisión Europea con una multa de 262,88 millones de euros por incumplimiento de la normativa relativa al Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) durante el período 2009-2013, al declarar como pastos arbustivos y bajo arbolado fincas que non contempla la normativa europea.

La decisión, denominada técnicamente corrección financiera, fue adoptada en la reunión del Consejo de Ministros europeos de Agricultura celebrada el pasado 17 de febrero. Cabe recordar que esta multa por el Coeficiente de Pastos (CAP) posteriormente se traspasa a los perceptores de la PAC.

Esta multa por incumplimiento del CAP es la más importante dentro de una corrección total de 278,93 millones que se vio en la citada reunión del Consejo de Ministros y que incluye una multa de 7,9 millones de euros por irregularidades en la concesión de otros pagos por superficie (de los que 4,07 millones corresponden a Andalucía y 1,5 millones a Asturias) y de 8,14 millones por otras ayudas (2,5 millones correspondientes a la Administración General del Estado, 2,6 millones a Canarias y 1,7 millones a Andalucía).

Las comunidades del Sur, las más afectadas

La corrección más importante por incumplimiento del CAP es la de Extremadura (79,61 millones de euros), seguida de Andalucía (63,67 millones), Castilla y León (57,61 millones), y Castilla-La Mancha (32,09 millones), es decir, las Comunidades con superficies de dehesa o monte mediterráneo. Juntas suman cerca del 90% de la multa total.

En cuanto a las demás regiones, las correcciones son las siguientes: Galicia, 7,39 millones de euros; Cantabria, 6,39 millones; Comunidad Valenciana, 4,89 millones; Madrid, 4,55 millones; La Rioja, 3,96 millones; Murcia, 1,85 millones y Asturias, 831.440 euros.

La multa se debe al incumplimiento de la normativa sobre el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), que sólo seis regiones aplican desde 2008  (País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Canarias).

El resto empezó a hacerlo en 2013. Ya en 2015 se procedió a recalcular dicho Coeficiente siguiendo las indicaciones formuladas por la Comisión Europea, lo que dio lugar a fuertes protestas por parte de las organizaciones agrarias, ya que muchas superficies consideradas como pastos hasta entonces perdían esa calificación a efectos de las ayudas de la PAC.

La Comisión Europea sostiene que no todas las superficies de pastos tienen el mismo grado de aprovechamiento y que bajo la denominación de pastos coexisten “muchos grados de aprovechamiento”. Para medirlo se utilizan tres parámetros: la pendiente, la vegetación existente y la densidad y altura de la vegetación.

Decisión de la Xunta de suprimir las ayudas de la PAC para los pastos arbustivos y bajo arbolado de menos de 0,3 hectáreas

Para prevenir la multa de Bruxelas, la Consellería do Medio Rural optó por la supresión de las ayudas de la PAC para los pastos arbustivos y bajo arbolado de menos de 0,3 hectáreas, lo que generó protestas por parte de la organizaciones agrarias.

Fuentes del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga) reconocen que “la medida fue extrema pero se entendió que era la única forma de curarse en salud ante la previsible sanción de Bruxelas”.

“Es cierto que pudo haber injusticias con algunos ganaderos, pero también hubo mucho fraude, especialmente en el Sur de España. Y en Galicia hubo un sindicato que de manera irresponsable aconsejó a los ganaderos que declarasen todo en las zonas de montaña, sin tener en cuenta la normativa del CAP, y de ahí vinieron los problemas”, añade la misma fuente.

“Hay que explicarle a los ganaderos lo que es admisible y lo que no en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, y si se hace así no hay problemas. Y las entidades de asesoramiento tienen que procurar que los ganaderos soliciten ayudas cumpliendo la ley, no que saquen lo máximo de ayudas, porque si hay un fraude después pasa esto”, concluye.

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